La Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura un proyecto que busca blindar la agricultura nacional contra plagas cuarentenarias
La Cámara de Diputados dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de Protección Fitosanitaria, una iniciativa que impone penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500 salarios mínimos del sector público para quienes cometan infracciones graves contra la sanidad vegetal. La pieza legislativa, propuesta por el diputado Adelso de Jesús Rubén Contreras, pasa ahora al Senado.
El proyecto busca prevenir el ingreso y la diseminación de plagas de interés cuarentenario que representen riesgos para la agricultura nacional. Según los artículos 78 y 79, se consideran infracciones graves la comercialización nacional o internacional de productos infestados con plagas cuarentenarias, la violación de medidas de cuarentena, la introducción de vegetales por puntos de entrada no autorizados, así como la fabricación, importación o venta de plaguicidas caducados, adulterados o sin registro legal. Estas conductas serán sancionadas con prisión de uno a cinco años y multas de 300 a 500 salarios mínimos del sector público, independientemente de las indemnizaciones civiles.
El artículo 77 tipifica como delito la negativa a permitir inspecciones fitosanitarias, la manipulación u ocultamiento de información sobre plagas y la obstaculización del trabajo de las autoridades, con sanciones de tres meses a dos años de prisión y multas de uno a 300 salarios mínimos. En el ámbito comercial e industrial, el artículo 64 establece que toda empresa o establecimiento dedicado a la fabricación, formulación, envasado, importación, almacenamiento, distribución, comercialización o aplicación de plaguicidas debe contar obligatoriamente con los servicios de un profesional agrícola acreditado como regente.
Los artículos 55 y 56 instituyen el registro oficial obligatorio ante la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) para la fabricación, importación o venta de insumos agrícolas. Además, el proyecto confiere a los inspectores la facultad de detener e inspeccionar, sin autorización previa, a personas, vehículos o contenedores en tránsito bajo sospecha de transportar plagas o agroquímicos no autorizados. Para registros o inspecciones domiciliarias en propiedades privadas, las autoridades deben solicitar autorización a un juez de instrucción, tribunal que deberá resolver en un plazo máximo de 24 horas.
La iniciativa, que ahora pasa al Senado para ser estudiada y eventualmente aprobada en otras dos discusiones, representa un paso significativo en la modernización del marco regulatorio fitosanitario del país. De aprobarse, dotaría a las autoridades de herramientas más robustas para proteger la producción agrícola nacional y facilitar el comercio internacional de productos vegetales, en línea con estándares internacionales de sanidad vegetal.
