Procuradora vincula la violencia de género a conflictos sociales y urge reforma cultural.
En un contexto de creciente violencia de género en América Latina, la República Dominicana registra 62 feminicidios en lo que va de 2026, según informó este jueves la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien destacó que la cifra impulsó el endurecimiento de penas en el nuevo Código Penal.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso reveló este jueves, ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que los feminicidios aumentaron a 62 en lo que va de 2026, superando los 59 registrados en 2025. El incremento refleja una tendencia regional que preocupa a organismos internacionales y a la diáspora dominicana, que sigue de cerca las políticas de protección a la mujer.
Reynoso explicó que el 89 % de las víctimas nunca había denunciado maltratos, un dato que evidencia fallas en los sistemas de prevención y en la denuncia. Además, señaló que en el 25 % de los casos el agresor se suicidó posteriormente, un patrón que los expertos asocian con dinámicas de control y violencia extrema.
La procuradora insistió en que «hay que trabajar la prevención y desmontar una cultura machista», un llamado que cobra relevancia en el debate nacional sobre el nuevo Código Penal. Reynoso también vinculó la violencia de género con otros conflictos sociales: seis de cada diez homicidios en el país se originan por disputas cotidianas, como accidentes de tránsito o discusiones bajo los efectos del alcohol, lo que refleja una sociedad con altos niveles de intolerancia.
En cuanto a la penalización de la violación sexual dentro del matrimonio, Reynoso aclaró que no es una novedad legal, ya que el artículo 332 del anterior Código Penal ya la contemplaba. Este punto ha generado debates en foros internacionales sobre los derechos de las mujeres en el Caribe, y la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa ha mostrado interés en el impacto de las nuevas leyes.
El encuentro con el sector empresarial sirvió para detallar las disposiciones del nuevo Código Penal, incluyendo sanciones y responsabilidad penal de las empresas. La comunidad internacional observa si estas medidas reducirán los índices de violencia, mientras organizaciones de mujeres exigen campañas de concienciación y recursos para casas de acogida en todo el país.
