El nuevo Código Penal amplía penas para incendios en áreas protegidas, en línea con tendencias internacionales.
El presidente Luis Abinader ha lanzado una política de tolerancia cero contra los incendios en parques nacionales, calificados como ‘terrorismo medioambiental’. El nuevo Código Penal dominicano establece penas de 20 a 40 años de prisión, una de las más severas de la región, que busca proteger los pulmones del país y enviar un mensaje a redes criminales.
El nuevo Código Penal dominicano, en sus artículos 265 y 266, tipifica como delito grave provocar incendios en parques nacionales, bosques, reservas forestales y nacimientos de ríos, con penas que oscilan entre 20 y 30 años por el solo hecho. Esta medida se enmarca en el anuncio del presidente Luis Abinader, quien prometió perseguir el ‘terrorismo medioambiental’ mediante el Decreto 615-26.
La escala punitiva se agrava según las consecuencias humanas: si el fuego causa lesiones o incapacidad no permanente, la condena asciende a 30 años; si son permanentes, la pena es de 30 a 40 años; y si provoca la muerte, el responsable enfrenta 40 años de prisión mayor. Esta estructura refleja una tendencia regional y global a tratar los delitos ambientales con la misma severidad que otros crímenes graves.
El artículo 3 del Código Penal amplía la responsabilidad: no solo se castiga a quien enciende el fuego, sino también a quien lo ordena, induce o colabora de manera esencial. Esto apunta a desmantelar redes que contratan a personas para devastar áreas protegidas, un delito que trasciende fronteras y afecta la lucha contra el cambio climático.
Para la diáspora dominicana y la comunidad internacional, esta legislación posiciona al país como un actor comprometido con la protección ambiental, aunque organizaciones ecologistas piden que se garantice su aplicación efectiva. La medida también responde a una creciente presión global por sanciones más duras contra los ecocidios.
Con penas de hasta 40 años, la República Dominicana se coloca a la vanguardia en la región, superando marcos legales de otros países caribeños y latinoamericanos. El desafío ahora será demostrar que la ley no solo existe en papel, sino que se aplica con firmeza contra los responsables, sean autores materiales o intelectuales.
