El país reduce reclamo de US$583 millones a US$43.6 millones, aunque persisten otros casos.
El CIADI condenó a República Dominicana a pagar US$43.6 millones a Michael Lee-Chin, muy por debajo de los US$583 millones reclamados, pero el país aún enfrenta otros tres arbitrajes que suman más de US$340 millones en disputas.
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Lajun Corporation representa una victoria parcial para el Estado dominicano, ya que el monto final es 7% de lo pedido originalmente. El tribunal, con sede en Washington, también dividió las costas, y un árbitro emitió voto disidente a favor del país, lo que el MICM calificó como muestra de ‘razonabilidad’ ante las posiciones dominicanas.
Sin embargo, el país no puede cantar victoria: al menos tres arbitrajes adicionales están activos, con reclamos que superan los US$384 millones. Entre ellos, el caso de Sargeant Petroleum por presuntas violaciones al DR-Cafta, relacionado con un contrato de almacenaje de cemento firmado con el MOPC en 2013. Estos procesos se llevan ante la CPA y el CIADI, y la defensa recae en el MICM y el Viceministerio de Comercio Exterior.
El contexto internacional es clave: los arbitrajes de inversión son una tendencia creciente en América Latina, y RD busca equilibrar la protección al inversionista con su soberanía regulatoria. La cooperación interinstitucional, incluyendo la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General, es fundamental para enfrentar estos desafíos legales que afectan la confianza de los mercados.
Para la diáspora dominicana y los observadores internacionales, el caso Lee-Chin sienta un precedente sobre cómo el país maneja disputas contractuales en sectores sensibles como el medioambiente. La comunidad legal sigue de cerca el desarrollo de estos casos, que podrían influir en futuros tratados de inversión y en la percepción de riesgo país, un factor determinante para atraer capital extranjero en la era post-pandemia.
