Investigación revela operación transnacional que estafó US$5 millones a 141 personas en Estados Unidos
El Ministerio Público depositó una acusación formal ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago contra 13 personas y cinco sociedades comerciales por presunta estafa electrónica y lavado de activos. La red habría perjudicado a 141 personas en Estados Unidos con pérdidas de unos cinco millones de dólares.
Según la investigación, la organización operaba principalmente desde la zona norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos. El esquema utilizaba centros clandestinos de llamadas, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares para obtener dinero de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
El expediente identifica cuatro etapas en el funcionamiento de la estructura. Una vez obtenido el dinero, los recursos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros. Posteriormente, según el Ministerio Público, eran incorporados al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones.
La investigación financiera también identificó movimientos de entre 12 millones de pesos y más de 120 millones de pesos, además de registros financieros superiores a 134.8 millones de pesos y acreditaciones bancarias que superaron los 20 millones en períodos inferiores a un año. El Ministerio Público sostiene que estos movimientos no guardaban relación con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados.
El expediente fue presentado por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez. Los acusados enfrentan imputaciones por violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. A tres de los imputados también se les atribuyen violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados. Mientras que a las cinco empresas se les atribuyen violaciones a disposiciones de la Ley 155-17.
