La acusación detalla cómo Jennifer González invirtió en propiedades en el país y el temor de fuga que llevó a pedir prisión preventiva
Una ciudadana estadounidense de origen dominicano, Jennifer González, de 43 años, fue arrestada en Massachusetts como presunta líder de una organización que durante más de una década concertó matrimonios falsos para inmigrantes indocumentados, con ganancias estimadas en seis millones de dólares y vínculos financieros en República Dominicana.
Según el Departamento de Justicia de Massachusetts, González orquestó en Fall River un esquema que realizaba un promedio de 18 a 20 matrimonios ilegales al año, cobrando entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno. La acusación sostiene que la red operó por más de 10 años y que la implicada habría ganado cientos de miles de dólares anuales, acumulando “más conservadoras” ganancias de seis millones de dólares.
Las autoridades grabaron conversaciones en las que González prometía a los clientes ayudarlos a alcanzar “el sueño americano” y les explicaba cómo simular un matrimonio legítimo: contratar pólizas de seguro de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse selfies como pareja casada. Les decía que en tres o cuatro meses tendrían la documentación suficiente para solicitar la residencia legal, y les exigía firmar “contratos” de pago por sus servicios.
En una de las llamadas, la acusada reveló que invertía parte de sus ganancias en República Dominicana: “Tengo negocios en mi país; por ejemplo, soy proveedor de pequeños comercios… como tiendas de barrio y cosas por el estilo. Y cada vez que me sobra algo de dinero, lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Me gusta comprar terrenos… De hecho, tengo muchos terrenos en mi país”. La fiscalía pidió prisión preventiva al considerar que sus “amplios recursos financieros y vínculos con la República Dominicana” representan un grave riesgo de fuga.
Junto a González fueron detenidos Erica Daniels (29), Chreise Alejandro (39), Amara Pugh (31), Jessica Tavares (31) y Jaylin Hill (26). El caso evidencia la dimensión transnacional del fraude migratorio y la forma en que las ganancias ilícitas pueden terminar invertidas en el país de origen, un fenómeno que las autoridades estadounidenses siguen de cerca.
