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Justicia

Red nacional de protección infantil en jaque: investigan fundación en Haina por maltrato a 14 menores

Red nacional de protección infantil en jaque: investigan fundación en Haina por maltrato a 14 menoresRed nacional de protección infantil en jaque: investigan fundación en Haina por maltrato a 14 menores

El caso expone fallas en el sistema de cuidado y la necesidad de fiscalizar entidades benéficas

Una investigación por presunto maltrato infantil en una fundación de Haina, San Cristóbal, ha puesto bajo escrutinio nacional las prácticas de organizaciones que dicen asistir a familias vulnerables. El caso involucra a 14 menores rescatados y a un pastor de 69 años.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan a la fundación ‘Restaurando Vida, Un Muerto que Revive’, en Haina, San Cristóbal, tras el rescate de 14 niños de entre tres meses y 13 años. La operación se inició luego de que un menor de 12 años escapara y denunciara presuntos maltratos, trabajos y privación de alimentos ante el destacamento policial de Hatillo.

El caso ha puesto en el centro del debate la supervisión de entidades que operan con poblaciones vulnerables. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la organización se presentaba como asistencia a familias vulnerables y personas en orfandad, y habría comenzado a operar en 2016. El hombre señalado es Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, conocido como ‘el Pastor’ o ‘el Capellán’.

Según las declaraciones de Capellán a los investigadores, algunas madres entregaban temporalmente a sus hijos por dificultades económicas y estos eran enviados a la escuela La Feliciana. La manutención se sostenía con actividades agrícolas, albañilería y crianza de cerdos, además de ayudas de misioneros de Puerto Rico. El adolescente que alertó a las autoridades, procedente de El Seibo, denunció haber sido golpeado, quemado en las manos y obligado a permanecer de rodillas con objetos pesados sobre la cabeza.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que la investigación busca determinar si existió una estructura organizada para captar, trasladar o mantener a los menores y la responsabilidad individual de los detenidos. La jurisdicción especializada deberá establecer qué ocurrió y si se incurrió en delitos. El caso plantea interrogantes sobre la protección de la niñez y el control de organizaciones benéficas en el país.

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