El presidente Luís Abinader , por segunda vez, a través de su ministro de Hacienda ha planteado una Reforma Fiscal que busca recaudar RD$ 50 mil millones adicionales para cubrir el creciente déficit en las cuentas públicas producto del pago en servicios de la enorme deuda pública que al mes de abril alcanzó los RD$ 82,790.8 millones de dólares y de los desorbitados gastos corrientes, particularmente abultada nómina y subsidios.
La deuda consolidada ya alcanza el 61.4% del PIB y la debilidad de la economía que apenas creció 2.1% el pasado año y a una parte de ella, sólo el Gobierno, dedicó RD$ 458.624.9 millones; eso sin incluir los servicios de las otras deudas que aumentaría esa partida de USD$ 7,001.9 millones a cerca de USD$ 9,000 millones: Esa situación, que nada tiene que ver con la Guerra de Irán, es insostenible.
Recordemos que para el déficit el Gobierno con sus legisladores se aprobó en diciembre USD 6,133.9 millones de dólares (RD$ 401,767.8 millones), de los cuales colocó en el mercado internacional USD$ 2,750 a principios de año en bonos a 8 y 30 años a una tasa de 5.750%, fondos que fueron destinados en un 70% para el pago de la deuda externa y el resto para financiamiento local; adicionalmente se aprobó otros dos préstamos por un valor total de USD$ 600 millones para el INAPA y para el clima: A ese ritmo ya no es la capacidad de pago la que se compromete, sino la operativa del Estado.
Para contratar deudas en bonos o préstamos el Gobierno se sirve de su mayoría absoluta de legisladores en ambas cámaras, sin ningún control legislativo de la oposición y por eso estamos en tan mala posición financiera, empero para modificar la normativa tributaria, como es una reforma fiscal, requiere de mayoría reforzada de las 2/3 partes, matrícula que no tiene en la cámara baja.
Recaudación prevista para seguir el derroche Concepto Miles de millones ISR 15,000 Cheques y transferencias 8,000 Pasajes USD$ 10.00 7,000 Azar 3,000 Otros 17,000 Aspiración recaudar RD$ 50,000 En este tramo no se trata de aprobar o no una reforma anémica por la cantidad antes desglosada, pues la partida propuesta en la reforma se resuelve con un simple préstamo de USD 830 millones de dólares; lo que se pretende es que la oposición sea cómplice del desastre que va a heredar invalidando la necesidad de una verdadera reforma fiscal estructural y colocándola frente a los ciudadanos como responsables de políticas públicas que la gente rechaza.
Como se observa esas partidas afectan a la clase media y a los más pobres pues afectan el Impuesto Sobre la Renta, el impuesto los cheques y transferencias bancarias, que diariamente hacen las personas y, hasta los pasajes aéreos.
Sobre este tema cabe recordar que la República Dominicana ya es el país de América con el porcentaje más alto en impuestos y tasas sobre pasajes con un 45.5% y, los UDS 10.00 propuestos por pasajes no categoriza si el billete es básico, de USD$ 300.00 dólares o en primera clase de USD$ 5,000.00, los trata igual.
El edulcorante sobre la eliminación de leyes obsoletas, que ciertamente las hay, todas son ordinarias y el PRM ha podido eliminarlas cualquier día si quisiera.
No hace falta una reforma para eso.
Tampoco para indexar el salario pasándolo de RD$34,000.00, que no paga impuestos a los RD$ 39,900.00 puesto que esto está establecido en la normativa ya y, de paso, cabe recordar que todos los estudios y los reclamos de las agrupaciones de empleados, es que se aplique la ley indexando hasta los RD$ 51,000.00: El Gobierno quiere una ley para cumplir lo que ya una ley dispone.
La anemia conceptual de ese anteproyecto de reforma, como ha ocurrido en otras áreas, retrocede el Estado de derecho a tiempos preconstitucionales al 2010 fortaleciendo la capacidad de abuso de la Autoridad, que ya es excesiva, cuando dispone que el ministro de Hacienda, quien conforme a la ley ni siquiera puede anular actos del Director de Aduanas y del Director de Impuestos Internos, ahora pueda vetar decisiones de los ministros de Industria y Comercio, del ministro de Turismo, del ministro de Obras Públicas, entre otros en una franca violación a las competencias constitucionales y a la seguridad jurídica en que opera la inversión privada.
Pretende que si el CONFOTUR autoriza un proyecto que conlleva exoneraciones para la construcción de hoteles, él pueda vetarlas, algo que ni el presidente de la República puede; que, si el ministro de Industria y Comercio firma una exoneración de una zona franca, a una embajada – por la Convención de Viena – o en ejecución de un contrato con el Estado autorizado por el Congreso Nacional, él puede vetarla.
Podría vetar todas las exenciones autorizadas en el sector eléctrico para la generación y asimismo, las autorizadas por el ministro de Obras Públicas para concesiones viales que autoriza el Congreso Nacional …, es una locura en toda regla.
Lo que el ministerio de Hacienda debe es fortalecer un departamento que existe desde Fernando Álvarez y que funcionaba muy bien en la fiscalización para que las normas bajo las cuales se otorgan las exoneraciones se cumplan, que ojo, hay mucha evasión por ahí, pero eso es una cuestión que se debe controlar a través de la jurisdicción contenciosa, no a través del abuso medalaganario de un funcionario que busca funciones pretoriales que la ley le retiró hace años.
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