El caso expone fallas en el sistema de justicia y el control migratorio en la frontera
La abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán, detenida en la frontera de Dajabón con tres haitianos indocumentados en el baúl de su vehículo, enfrenta un nuevo proceso penal. Su historial incluye un arresto en 2012 en Moca por alterar un expediente de narcotráfico, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las sanciones judiciales.
El arresto de la abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán en el puesto de vigilancia de El Laurel, en Dajabón, ha generado atención nacional por la gravedad del hecho y sus antecedentes. Furcal Guzmán fue interceptada por miembros del Ejército cuando conducía una Honda CR-V blanca con tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular ocultos en el compartimiento de equipaje.
Este no es su primer encuentro con la justicia. En abril de 2012, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y una fiscal adjunta la detuvieron en el Palacio de Justicia de Moca, acusada de modificar piezas clave del expediente de su defendido, Johann Manuel Herrera Blanco, procesado por narcotráfico.
De acuerdo con la acusación de la época, la abogada solicitó y obtuvo el expediente en la secretaría del Juzgado de Atención Permanente para alterar las fechas de las actas de arresto y de la requisa de un vehículo Kia negro. La presunta modificación buscaba hacer creer que se había vencido el plazo legal de 48 horas para presentar al imputado ante un juez y así lograr su liberación.
Herrera Blanco había sido capturado previamente por la DNCD tras una persecución en la que los agentes dispararon a los neumáticos de su automóvil, luego de que este presuntamente intentara huir tras acordar la venta de cocaína. Los archivos periodísticos de ese momento no especifican el desenlace judicial de aquel proceso contra la abogada.
Por el nuevo caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Dajabón le impuso presentación periódica, vigilancia de un garante e impedimento de salida del país por seis meses. El caso reaviva el debate sobre la reincidencia y la aplicación de medidas coercitivas en el sistema penal dominicano.
