La medida alinea al país con estándares de derechos fundamentales y pone fin a restricciones sin orden judicial
La Procuraduría y Migración retiraron 56,140 controles acumulados entre 1990 y 2026, en cumplimiento de un fallo constitucional de 2022 que exige orden judicial para restringir la salida del país. La depuración marca un precedente en la protección de derechos fundamentales.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) anunciaron la eliminación de 56,140 alertas e impedimentos de salida que permanecían en la base migratoria sin respaldo judicial. Los registros, acumulados entre 1990 y 2026, incluían expedientes cuyo propósito ya se había cumplido y que afectaban el libre tránsito de ciudadanos, según admitió el comunicado oficial.
La depuración llega cuatro años después de que la entonces procuradora Miriam Germán Brito asegurara en 2021 que se tomaron medidas para evitar las alertas migratorias colocadas por los órganos de persecución del Ministerio Público. Sus declaraciones se produjeron tras el impedimento de salida del exprocurador Jean Alain Rodríguez sin orden judicial, quien permaneció en el país y luego recibió prisión preventiva como medida de coerción.
El Tribunal Constitucional (TC) había establecido en 2022, mediante la sentencia TC/0338/22, que ninguna autoridad puede restringir la libertad de tránsito sin fundamento legal y judicial, al resolver el caso de Armando Rivera Gómez, impedido de salir por una alerta de Interpol. Ese criterio se reforzó en noviembre de 2025 con la sentencia TC/1186/25, que declaró inconstitucional una disposición del Código Tributario que permitía impedir la salida a investigados por presunto fraude fiscal.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso solicitó formalmente al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de registros individualizados sin base legal, históricos sin identificación y de procesos concluidos. La mesa técnica conjunta revisó los datos y detectó errores administrativos y órdenes judiciales sin individualizar. La medida coloca al país en línea con estándares internacionales de derechos fundamentales y facilita el tránsito de dominicanos en el exterior.
