Proyecto aprobado en el Congreso crea la DGJA y endurece sanciones para directivos y accionistas
La aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana marca un giro en el sector, con la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) y un plazo de un año para que los operadores se adecúen. La abogada Yamile Gutiérrez destacó que la normativa exige transparencia corporativa y contempla penas de hasta 10 años de prisión para directivos y accionistas en casos de incumplimiento.
El proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana, aprobado en el Congreso y a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, establece un nuevo marco para el sector. La abogada y especialista Yamile Gutiérrez señaló que los operadores deberán iniciar un proceso de transformación para cumplir con exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento.
La normativa crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como ente autónomo de fiscalización y otorga un plazo de un año para que los operadores actualicen sus documentos y conecten sus plataformas tecnológicas a los sistemas de la nueva regulación. Las concesionarias de loterías electrónicas con contratos estatales deberán sustituirlos por una nueva licencia dentro de ese mismo período.
El proyecto también refuerza los controles sobre la estructura corporativa de las empresas, con exigencias de transparencia sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales. Los juegos de azar por internet quedarán sujetos a licenciamientos específicos y controles para impedir operaciones no autorizadas. Las licencias tendrán diferentes vigencias: tres años para bingos; cinco para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y diez años para casinos, bancas deportivas, tragamonedas y juegos en línea.
Gutiérrez subrayó que el régimen sancionador es uno de los aspectos que mayor atención debe generar, ya que el cumplimiento no se limita al proceso inicial de licencia. Las empresas deberán mantener un nivel permanente de cumplimiento durante toda la vigencia de sus permisos. Las sanciones incluyen multas administrativas y penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en determinados casos de incumplimiento. La regulación incorpora además medidas de juego responsable, protección de menores y prevención de adicciones, con avisos obligatorios en los establecimientos. «Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa», concluyó.
