Auditoría de tres décadas revela errores administrativos y procesos vencidos en Migración
La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración ejecutan una depuración histórica de la base de datos migratoria, eliminando impedimentos de salida sin sustento judicial y liberando a 56,140 ciudadanos, en un proceso que continuará hasta diciembre de 2026.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, levantar cualquier alerta o impedimento de salida que incumpla con la condición legal, sin importar quién lo haya colocado. La medida abarca registros individualizados sin base legal, registros históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026, y registros individualizados cuyos fines ya se cumplieron.
El análisis, realizado por una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración durante más de seis meses, permitió verificar que miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes de una autoridad competente.
La Procuraduría destacó que más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y una victoria para la Constitución, al corregir una distorsión histórica que afectaba el derecho al libre tránsito. La iniciativa se enmarca en el apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El proceso continuará hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia está prevista para diciembre de 2026, según informaron las autoridades.
