Editorial El Nacional Creado: 26.08.2026 | 08:00 Actualizado: 26.08.2026 | 08:00 Tras encontrar anomalías en sus estructuras, el Gobierno ha inhabilitado, en lo que se evidencia como un auspicioso paso preventivo, 57 planteles escolares en demarcaciones de la cordillera Central, donde está la principal falla tectónica del país.
Al mismo tiempo se acordó demoler 34 de los centros que se determinó representan un peligro para estudiantes, profesores y personal administrativo.
Mejor evitar que exponerse, sobre todo después de las dolorosas tragedias de los sismos que últimamente han sacudido a Venezuela y Colombia.
Sin importar que los movimientos telúricos no guarden relación.
Por aquí no estamos exentos de terremotos.
En septiembre de 2023 un temblor de 6.5 grados derribó escuelas, edificios públicos y construcciones privadas en Puerto Plata.
Si las pérdidas humanas y materiales no fueron más devastadoras fue porque el fenómeno ocurrió en las primeras horas de la madrugada.
El departamento de infraestructura escolar del Ministerio de Educación cumple una labor responsable con las evaluaciones sísmicas que dijo efectúa en los planteles para evitar situaciones que puedan afectar a la población estudiantil y al personal docente.
En ese aspecto las autoridades no pueden perder la perspectiva por negligencia o presionadas por el déficit de aulas que afecta el sistema.
Como los terremotos no avisan, lo mejor es estar preparados para minimizar los daños cuando ocurran.
La inhabilitación de los 57 planteles en la cordillera Central por anomalías en sus estructuras y la decisión de demoler 34 se corresponden con la obligación de prevenir desgracias para salvar vidas y evitar peores consecuencias.
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