
Comunidades exigen revisión de contratos y preparación local de alimentos escolares
Un conflicto por la contratación de suplidores del almuerzo escolar en Enriquillo, Barahona, pone en entredicho la política del Inabie de priorizar la preparación local de los alimentos, mientras las comunidades denuncian interrupciones y riesgos sanitarios.
La protesta de residentes de Los Cocos, en Enriquillo, provincia Barahona, contra la contratación de suplidores de La Guázara para preparar y transportar el almuerzo escolar ha puesto en el centro del debate nacional la gestión del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). Los comunitarios rechazan que los alimentos recorran más de 60 kilómetros cuando existen cocinas industriales y suplidores disponibles en el propio municipio.
Carlos Alberto Cuevas Ortiz, presidente de la Junta de Vecinos Buen Samaritano, señaló que los residentes de Los Cocos, Las Cuatro Bocas y Campo de Aviación se mantienen unidos en su reclamo de que los alimentos escolares sean preparados por suplidores de la zona. A su juicio, es injustificable contratar servicios fuera del municipio cuando hay instalaciones y personas con capacidad para preparar y distribuir las raciones.
Lino Oviedo (Yefri), motoconchista y padre de familia, respaldó las acciones de la junta de vecinos y calificó de abusiva la decisión de transportar alimentos desde La Guázara y Barahona. Indicó que entre los centros afectados figura la escuela primaria Dora Corcia, con aproximadamente 400 estudiantes, además de los participantes en los programas Prepara y formación vocacional. Advirtió que los residentes continuarán reclamando hasta que la preparación y distribución queden en manos de suplidores del municipio.
Ramón Féliz Féliz cuestionó que se hayan dejado de utilizar dos cocinas existentes en Enriquillo, una de las cuales había realizado inversiones en equipos y provisiones. Consideró preocupante que los alimentos sean transportados desde más de 60 kilómetros, cuando una de las cocinas industriales disponibles se encuentra a menos de 200 metros del centro educativo. También expresó preocupación por las condiciones en que los alimentos son preparados, conservados y transportados, y afirmó que sus cuestionamientos responden al desconocimiento sobre el proceso. El caso refleja la tensión entre la centralización de contrataciones y las demandas de las comunidades por mayor control local y transparencia en el programa de alimentación escolar.











