Defensa invoca artículo 69 de la Constitución y alega falta de acceso a expedientes de la Pepca
El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas que no puede presentar descargos al informe preliminar de auditoría del período 2020-2025 debido a su reclusión en el CCR Las Parras, informó su abogado Miguel Valerio Jiminián.
La defensa de Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), comunicó el pasado 7 de septiembre a la Cámara de Cuentas la imposibilidad de responder al informe preliminar de la investigación especial realizada a la institución para el período 2020-2025. El abogado Miguel Valerio Jiminián explicó que la reclusión de su representado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras le impide tener acceso directo a los archivos, registros financieros y sistemas informáticos indispensables para revisar y sustentar observaciones a la auditoría.
El jurista argumentó que la falta de respuesta a la notificación, cuyo plazo normativo de 30 días hábiles vence en los próximos días, obedece estrictamente a limitaciones objetivas derivadas del encarcelamiento. Valerio invocó el artículo 69 de la Constitución, referente al debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, al señalar que exigir precisiones o justificaciones sin acceso a los expedientes de soporte vulneraría los derechos fundamentales de su representado.
La comunicación dejó constancia de que el órgano auditor ha contado con acceso a documentos e información suministrados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), mientras que el imputado carece de acceso equitativo a tales fuentes. Además, aclara expresamente que la ausencia de respuesta personal no debe interpretarse como una aceptación de los hallazgos, una admisión de responsabilidades ni una renuncia a sus medios de defensa dentro del proceso penal en curso.
Santiago Hazim se encuentra privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, fecha en que le fue impuesta una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, decisión confirmada posteriormente el 4 de febrero de 2026. La investigación de la Cámara de Cuentas abarcó del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2025 y evaluó áreas clave como compras y contrataciones, pagos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gestión de servicios, registros financieros y sistemas de tecnología. El informe preliminar, emitido el 3 de agosto de 2026 y notificado el día 7 del mismo mes, señala hallazgos administrativos, financieros, contractuales y tecnológicos que incluyen indicios de responsabilidad administrativa y penal.
