Aprobación de urgencia en dos lecturas plantea un debate sobre la responsabilidad penal corporativa en República Dominicana
En una decisión que marca un precedente en la justicia penal corporativa, el Senado dominicano aprobó en tiempo récord un proyecto que retrasa hasta 2028 la aplicación del nuevo Código Penal a las empresas, mientras los ciudadanos ya enfrentan el nuevo régimen desde este año. La medida, impulsada por el senador Rafael Barón Duluc, genera interrogantes sobre el equilibrio entre la flexibilización para el sector empresarial y la lucha contra la impunidad corporativa.
El Senado de la República aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas y sin el trámite habitual de estudios en comisiones, un proyecto de ley que pospone hasta el año 2028 la entrada en vigor del nuevo Código Penal para las empresas. La iniciativa, autoría del senador Rafael Barón Duluc, obtuvo 21 votos a favor y contó con el respaldo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien argumentó que «es injusto» aplicar de inmediato las responsabilidades penales a las compañías.
El nuevo Código Penal, promulgado en 2025, establece que la ley penal se aplicaría a las empresas a partir del 5 de noviembre de este año. Con el proyecto aprobado, si el Poder Ejecutivo lo promulga, la aplicación para las empresas se postergaría hasta 2028. Los legisladores justifican la medida en la necesidad de que las compañías adopten políticas de prevención, supervisión, programas de cumplimiento y mecanismos disciplinarios, procesos que requieren tiempo y recursos.
El senador Duluc señaló que instalar sistemas de prevención y supervisión puede costar hasta 20,000 dólares, lo que evidencia la carga económica que representa para las empresas. El proyecto aclara que el diferimiento no afecta la vigencia de los demás artículos del Código Penal, que ya rigen desde agosto de este año, con el fin de evitar lagunas jurídicas o interpretaciones fragmentadas.
La pieza legislativa establece que las empresas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados, y contempla responsabilidad empresarial en casos de muertes por torpeza, imprudencia o negligencia. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y posible aprobación, en un contexto donde la responsabilidad penal corporativa cobra relevancia en el ámbito nacional e internacional.
