Franklin Romero invoca artículo 120 del nuevo Código Penal y pide transparencia en evaluación carcelaria
El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, solicitó una investigación sobre las condiciones de los reclusos en centros penitenciarios dominicanos, advirtiendo que podrían vulnerarse garantías constitucionales y que la tortura está penada con hasta 30 años de prisión.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó preocupación ante denuncias sobre la situación de las personas privadas de libertad, que según él podrían estar vulnerando su dignidad y garantías constitucionales. Por ello, consideró imperativo que las autoridades competentes realicen una evaluación objetiva y exhaustiva del sistema carcelario nacional.
Romero explicó que el artículo 120 del nuevo Código Penal tipifica y sanciona con severidad estos delitos, estableciendo: «La persona depositaria de la autoridad o encargada de un servicio público que cometa tortura o actos de barbarie será sancionada con veinte a treinta años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público». Advirtió que la privación de libertad no exime del cumplimiento de la ley ni del respeto a la dignidad humana.
El senador planteó que la indagatoria debe abarcar las condiciones físicas de los centros, los protocolos del personal de custodia y la efectividad de los mecanismos para tramitar denuncias. Enfatizó que los resultados deben conocerse con total transparencia y que, de comprobarse irregularidades, se establezcan responsabilidades e implementen correctivos inmediatos.
Romero hizo un llamado a las instituciones del sistema penitenciario para robustecer los mecanismos de supervisión, asegurando que la privación de libertad en el país opere estrictamente bajo los principios de legalidad, derechos humanos y respeto a la persona, confiando en una sociedad más justa.
