A juzgar por sus prioridades, el Senado dominicano atraviesa una etapa de extraordinaria holgura laboral.
Mientras el país debate problemas de seguridad, educación, salud, institucionalidad y crecimiento económico, una comisión legislativa aprueba una resolución para solicitar la instalación de una ventanilla de legalización de documentos en San Pedro de Macorís.
La iniciativa puede ser útil, pero cuesta entender por qué requiere la atención de una cámara legislativa completa.
Las ventanillas administrativas deberían abrirse por decisión administrativa, no por elevación senatorial.
Si el Congreso convierte trámites burocráticos en asuntos de Estado, surge una pregunta: ¿sobran legisladores o faltan problemas? Porque problemas, precisamente, no faltan.
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