La trama de corrupción que salpica a médicos y que busca declararse compleja
El caso Senasa 2.0-A, que involucra a 25 imputados y una alegada estafa de 41 millones de pesos contra el Estado, avanza con la disposición de varios acusados a negociar su exclusión del expediente. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
En Santo Domingo, varios de los imputados en el caso Senasa 2.0-A, incluido su alegado líder Ángel Luis Guzmán Vásquez, han expresado al Ministerio Público su disposición de negociar a cambio de ser excluidos del expediente. Guzmán Vásquez, a través de su abogado Billy Gerónimo, afirmó que él, su esposa, su hermano y su padre están dispuestos a llegar a cualquier acuerdo con el órgano acusador. Una fuente confió a que otros también han manifestado interés en algún tipo de arreglo.
El Ministerio Público señala también a los padres y a la esposa de Guzmán Vásquez, aunque estos no están detenidos. La solicitud de prisión preventiva es de 18 meses para cada imputado. El caso involucra a 25 acusados y una alegada estafa de 41 millones de pesos. Según un cálculo aritmético, cada imputado habría cobrado un promedio de 1 millón 460 mil pesos, partiendo del supuesto de que todos recibieran lo mismo.
El documento de unas 525 páginas imputa a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. También a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, el Ministerio Público solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. Los fiscales piden declarar la complejidad del caso por la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, suspendió para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción.
