Investigaciones revelan cómo la ARS estatal habría sido explotada desde múltiples frentes
Tres expedientes del Ministerio Público dibujan un Senasa convertido en una ‘gallina de los huevos de oro’ para redes de corrupción que habrían operado desde la administración, los prestadores de salud y el uso indebido de datos de afiliados. El caso expone fallas estructurales en el sistema de salud dominicano.
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) aparece en tres expedientes distintos unidos por una misma tesis del Ministerio Público: grupos diferentes habrían encontrado maneras de extraer recursos de la ARS estatal desde la administración, los prestadores de salud y hasta el acceso directo a los datos de los afiliados. La investigación principal, donde figura el exdirector Santiago Hazim, apunta hacia contratos, proveedores, sobornos, programas especiales y manipulación financiera.
La primera Operación Cobra colocó el foco en la Dirección Ejecutiva de Senasa durante la gestión de Hazim. El Ministerio Público sostiene que desde la institución se instaló un sistema que combinó sobornos, contrataciones y facturaciones irregulares, programas especiales sin sustento jurídico y adulteración de estados financieros. Se ha establecido que el impacto de los actos de corrupción sería de al menos RD$15,921 millones, y el mismo expediente atribuye aproximadamente RD$2,881 millones a recursos que habría recibido Hazim. Además, se habrían expedido pagos contractuales superiores a RD$4,074 millones entre 2021 y 2023 y aproximadamente RD$1,165 millones en presuntos sobornos asociados a empresas vinculadas al programa Nutrimed.
En la audiencia de coerción de diciembre, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que tres imputados habían reconocido haber pagado sobornos a miembros de Senasa, incluido su exdirector, y el Ministerio Público situaba en alrededor de RD$2,000 millones los sobornos identificados. La segunda gran línea llevó la investigación hasta el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, donde existía un denominado Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas que modificaba órdenes para agregar estudios y procedimientos no prescritos y aumentar la facturación a Senasa. La acusación incluye uso de sellos de especialistas que no evaluaron a los pacientes, doble facturación, entrega incompleta y comercialización de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones, utilización de habitaciones para cirugías estéticas, reembolsos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos. Wilson Camacho ha explicado que el Oncológico administró aproximadamente RD$3,700 millones procedentes de Senasa, y la cifra específica atribuida como presuntamente desviada del Patronato y el Instituto Oncológico entre 2018 y 2025 asciende a RD$148.6 millones.
La tercera línea, Cobra 2.0-A, muestra un mecanismo menos complejo: utilizar información verdadera de afiliados para presentar reclamaciones por consultas y procedimientos que, según la Fiscalía, nunca fueron realizados. La imagen que dejan los expedientes es la de un Senasa convertido, presuntamente, en una fuente de dinero accesible desde distintos puntos del sistema, una especie de gallina de los huevos de oro de la corrupción.
