Estévez Lavandier defiende garantías constitucionales mientras Pepca somete a 25 por fraude en Senasa
El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, advirtió este lunes que la lucha contra el delito no puede justificar la pérdida de derechos fundamentales, en un contexto marcado por la nueva fase del caso Senasa y el aumento de muertes en intervenciones policiales. Su mensaje pone el foco en los límites del poder punitivo del Estado.
Estévez Lavandier afirmó que «defender el debido proceso no significa defender la impunidad, sino que significa defender la Constitución, significa defender la dignidad humana como valor supremo. Significa defender, sobre todo, el sentido mismo de la justicia». Añadió que la persecución del delito, la seguridad ciudadana y la eficacia judicial son necesarias, pero no pueden alcanzarse sacrificando los principios del Estado constitucional.
El magistrado subrayó que «el hecho de que una persona sea objeto de una investigación o de una acusación penal, por más grave que sea el hecho investigado, no la despoja de su condición de titular de derechos, ni reduce su protección dispuesta por el orden constitucional». Citó el artículo 69 de la Constitución, que garantiza presunción de inocencia, derecho de defensa, juez imparcial y exclusión de pruebas ilícitas, y el artículo 40, sobre libertad y seguridad personal.
Las declaraciones coinciden con la nueva etapa del caso Senasa. La Pepca sometió este fin de semana a 25 personas en la Operación Cobra 2.0-A, solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. La investigación surgió de 37 allanamientos y se centra en médicos, prestadores de servicios de salud y otros vinculados al sector, con un presunto esquema de 4,363 autorizaciones fraudulentas por más de RD$41 millones.
El pronunciamiento también se produce en medio de un incremento de muertes durante actuaciones de la Policía Nacional. En diez días, 21 personas han fallecido en eventos con participación de agentes, según. Septiembre acumula 23 fallecidos y el total de 2026 asciende a 180 personas. Estévez Lavandier no se refirió directamente a estos casos, pero insistió en los límites que una sociedad democrática debe imponer al ejercicio del poder.
