Un fallo que despierta controversia
La condena contra el pelotero Wander Franco por abuso sexual de una adolescente de 14 años ha provocado un intenso debate jurídico en República Dominicana. Aunque dos tribunales lo declararon penalmente responsable, las reflexiones del juez José Núñez —quien lo calificó como «víctima colateral» al otorgarle el perdón judicial— han sembrado confusión sobre los roles procesales y el mensaje que transmite la decisión a la sociedad.
Especialistas en derecho penal coinciden en que dentro de un proceso las posiciones están claramente definidas: se es la persona que causa el daño o quien lo recibe, pero no ambas simultáneamente. La figura de «víctima colateral» aplicada a un condenado rompe con ese principio fundamental.
Críticas desde la abogacía
El abogado Félix Portes calificó el perdón judicial como ajeno al Código Procesal Penal y a la jurisprudencia vigente, al tratarse del «autor directo» del ilícito, sin participación mínima que justificara tal beneficio. A su juicio, la resolución envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, al sugerir que los delitos sexuales contra menores pueden quedar sin sanción efectiva.
Por su parte, la abogada Michelle Perezfuente enfatizó que «la única víctima es la menor de 14 años» y cuestionó que el magistrado insinuara que la denuncia debió permanecer en el ámbito privado familiar. Ambos letrados rechazaron que la condición de virginidad de la adolescente fuera utilizada como atenuante a favor del imputado, por considerarlo irrelevante para la configuración del delito.
El perdón judicial bajo la lupa
Perezfuente adelantó que esperará la sentencia íntegra, prevista para el 16 de junio, para conocer a fondo los razonamientos del tribunal. Recordó que esta figura se reserva para casos de «insignificancia social del daño», condición difícilmente compatible con un abuso sexual contra una menor.
A diferencia de la condena inicial —dos años de prisión suspendida que podían revocarse por incumplimiento—, el perdón judicial no contempla pena alguna. Sin embargo, genera antecedentes penales y deja al condenado fichado. El Ministerio Público ya anunció que recurrirá el fallo en casación, por lo que la última palabra sobre este controvertido caso aún está por escribirse.
