La justicia dominicana tiene una preocupante capacidad para complicar lo simple.
El caso de Donny Santana vuelve a demostrarlo.
Por séptima ocasión fue aplazado el conocimiento del recurso relacionado con su retorno a prisión, una decisión que debió resolverse hace tiempo y que, sin embargo, parece atrapada en el laberinto de los reenvíos.
Conviene recordar que aquí no se debate la culpabilidad de Santana.
Ya fue condenado.
Tampoco se trata de una investigación compleja ni de un expediente voluminoso.
Lo que está en discusión es si debe volver a cumplir una pena de la que salió beneficiado por una maniobra que posteriormente quedó desacreditada y señalada como fraudulenta.
Cada aplazamiento erosiona la confianza en el sistema judicial.
La demora beneficia siempre a alguien, y rara vez a la justicia.
Para las víctimas significa prolongar la incertidumbre.
Para la sociedad, la sensación de que las sentencias pueden quedar suspendidas indefinidamente en una especie de limbo procesal.
La comparación resulta inevitable.
En España, un complejo caso de corrupción política, con múltiples implicados y miles de documentos, fue juzgado y sentenciado en aproximadamente un año una vez concluidas las investigaciones.
Aquí, un recurso relativamente sencillo acumula siete reenvíos.
La justicia tardía no es una variante de la justicia.
Es otra cosa.
Normalmente, se parece demasiado a la impunidad.
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