Informe de la SIP en Bogotá revela más de 60 periodistas agredidos y restricciones legislativas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que las amenazas contra periodistas en Perú se han incrementado y que el nuevo Congreso ha impulsado acciones que limitan el ejercicio periodístico, según un informe presentado en su 82 Asamblea General en Bogotá.
El informe de la SIP, presentado este domingo en Bogotá, subrayó que las amenazas contra periodistas, incluidas de muerte, se han incrementado en Perú. La organización recordó el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo el 19 de septiembre en la ciudad norteña de Caraz, en un caso de presunto sicariato, y señaló que en varios episodios los propios periodistas habían advertido previamente sobre riesgos para sus vidas sin recibir respuesta estatal efectiva.
La SIP también cuestionó al Congreso peruano, cuya nueva legislatura asumió a fines de julio pasado, por ‘acciones que afectan o buscan limitar el trabajo de la prensa’. Mencionó que periodistas fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva y que el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para agravar la apología del delito ‘mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión’, propuesta retirada tras críticas.
En contraste, el informe indicó que durante este semestre no se registraron agresiones de gravedad contra la prensa provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público. Sin embargo, más de 60 periodistas peruanos fueron afectados por agresiones de diverso tipo durante el primer trimestre del año, en la etapa preliminar de la primera vuelta electoral de abril; el 69 % de los casos fue atribuido a candidatos y el 64 % a discursos estigmatizantes.
Durante la cobertura electoral del 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados, entre ellos Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno de la región sureña de Tacna, detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico. En junio, el Tribunal Constitucional ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido y eliminar tres artículos de 2014 que vinculaban a una antigua asesora del Ministerio de Agricultura.
