La SCJ rechaza casación del exprocurador, quien ahora llevará su lucha al Tribunal Constitucional
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación de Jean Alain Rodríguez contra la sentencia que lo condena a indemnizar a Marino Zapete. La decisión, que deja firme el pago de RD$2 millones, marca un precedente en el manejo de casos de alto perfil y anticipa una batalla en el Tribunal Constitucional.
La sentencia SCJ-PS-26-1757, del 31 de agosto de 2026, estableció que el recurrente no acreditó el interés casacional requerido por la Ley núm. 2-23. La Suprema Corte no evaluó el fondo del recurso y mantuvo la decisión núm. 1303-2024-SSEN-00306, emitida el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que condenó a Rodríguez Sánchez a pagar RD$2 millones a Zapete por daños morales, más un interés judicial de 1.5 % mensual desde la notificación hasta la ejecución total.
El caso se originó en informaciones difundidas por Zapete el 25 de septiembre de 2019 en su programa El Jarabe de Zapete, transmitido por Teleradio América. El periodista investigó contratos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, para el suministro de cemento asfáltico AC-30. Dos de esos contratos fueron firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del entonces procurador, en representación de la empresa. La demanda contra Maybeth fue rechazada al no probarse daños materiales.
La defensa de Jean Alain Rodríguez anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar la suspensión y anulación de la sentencia. Argumenta que no se valoró la prueba principal: una certificación de Teleradio América, de fecha 12 de octubre de 2021, que indica que la salida del programa de Zapete fue una decisión interna del canal, sin intervención del exprocurador.
El fallo de la SCJ sienta un precedente sobre la exigencia del interés casacional en casos de alto perfil y podría influir en futuros litigios entre figuras públicas y medios de comunicación. La arremetida de la defensa ante el Tribunal Constitucional promete mantener el caso en la agenda pública nacional.
