El año pasado, en este mismo espacio periodístico, publiqué un artículo titulado «2025: El año en que el Estado de Derecho fue puesto a prueba», en el cual reflexionaba sobre la cantidad de leyes que estaban siendo modificadas, advirtiendo desde entonces la preocupante situación de que, incluso antes de su promulgación, ya se vislumbraban fisuras constitucionales en varias de ellas.
Hoy ahondo en este tema con una reflexión más profunda, con el propósito de plantear interrogantes que merecen ser analizadas desde la realidad de cada quien: sus recursos, su nivel educativo, su acceso a la información.
Porque si bien el impacto de estos cambios nos alcanza a todos, no todos contamos con las mismas herramientas para comprenderlos, asumirlos o defendernos.
Desde que el presidente Luis Abinader asumió la primera magistratura del Estado, su gestión ha impulsado un ritmo legislativo sin precedentes.
Códigos enteros que llevaban más de un siglo vigentes han sido sustituidos.
Instituciones con décadas de existencia han sido disueltas.
El mapa judicial del país ha sido redibujado y, como era de esperarse, la propia Constitución ha sido reformada.
Nos encontramos, sin duda, ante uno de los procesos de transformación jurídica más intensos de la historia reciente dominicana.
No obstante, vale la pena detenerse a pensar no solo en lo que se ha legislado, sino en cómo lo vive y si realmente lo entiende el dominicano de a pie.
En octubre de 2024 se proclamó una reforma constitucional que introdujo el «candado» a la reelección presidencial, redujo el número de diputados y modificó la designación del Procurador General para blindar su independencia.
Un año después, en agosto de 2025, el país despidió un Código Penal que lo había acompañado desde 1884 y lo sustituyó por la Ley Orgánica 74-25.
Por primera vez se tipifican con claridad delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberacoso y las estafas piramidales, elevando las penas máximas hasta los 60 años.
Poco después, en diciembre de 2025, llegó la reforma al Código Procesal Penal, diseñada para agilizar los juicios y dotar de mayores garantías a las víctimas.
Al mismo tiempo, se crearon nuevos distritos judiciales para descentralizar el Gran Santo Domingo, redibujando la geografía institucional de la justicia.
A este tsunami normativo se sumó otra pieza de altísimo calado: la Ley Orgánica 80-25, promulgada en agosto de 2025, que revivió el Ministerio de Justicia tras seis décadas de supresión.
La norma comenzó a cobrar vida real a inicios de 2026, cuando el presidente, mediante el Decreto 1-26, juramentó a su primer titular, dando inicio al plazo de doce meses que la ley concede para que el nuevo ministerio quede plenamente operativo.
En menos de dos años, el Congreso aplicó cuatro profundas reformas sobre la columna vertebral del sistema de justicia.
En el plano económico, el ritmo no ha sido menor.
En este mismo mes de junio de 2026 se ha promulgado con carácter de urgencia la Ley Pro-Crecimiento y Mitigación de Crisis (Ley 30-26), que elimina los anticipos financieros para las microempresas, ajusta el impuesto sobre la renta para los ingresos más bajos y, de forma temporal, eleva al 30% el ISR para las corporaciones de mayores ingresos, con el fin de inyectar al Estado cincuenta mil millones de pesos adicionales.
En paralelo, la nueva Ley de Contrataciones Públicas busca cerrar el paso a la corrupción en las licitaciones estatales, mientras que la Ley de Extinción de Dominio permite confiscar bienes provenientes del crimen organizado.
Dos instrumentos orientados a sanear el Estado desde adentro.
El propio aparato gubernamental tampoco se ha quedado inmóvil.
Más de una docena de decretos y leyes han disuelto o fusionado instituciones consideradas obsoletas o duplicadas: la OISOE, la Comisión Portuaria, la Comisión de Ciencia y Tecnología y el CONAPOFA, entre otras.
En paralelo, la Ley de Burocracia Cero obliga a digitalizar trámites y a fijar plazos máximos de respuesta para el ciudadano, apostando por un Estado más ágil y menos discrecional.
Del mismo modo, las reglas del juego electoral cambiaron de forma drástica a inicios de 2026, con la Ley 13-26, que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, eliminando formalmente las candidaturas independientes.
Hasta aquí el inventario.
Y es, hay que admitirlo, un registro impresionante tanto en volumen como en ambición.
Sin embargo, toda esta colosal labor legislativa enfrenta un límite que no está en los textos legales, sino en la realidad social.
Las leyes no se legitiman por el simple hecho de su promulgación, sino por su incorporación efectiva en la vida de las personas.
No viven en la Gaceta Oficial: viven en la calle, en el colmado, en los tribunales y en la pequeña empresa que apenas sabe cómo emitir una factura.
Una norma solo transforma positivamente a un país cuando el ciudadano la conoce, la comprende y la asume como propia.
Eso no ocurre por decreto.
Exige tiempo, educación, pedagogía social y, sobre todo, una capacidad real de asimilación por parte de la población a la que está destinada a servir.
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿es razonable o humanamente viable que una sociedad absorba, en tan corto tiempo, una reforma constitucional, un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, la creación de un Ministerio de Justicia, una ley de contrataciones modernizada, una reforma fiscal de urgencia y la desaparición de más de una decena de instituciones, todo a la vez? ¿Cuántos dominicanos conocen hoy qué cambia exactamente en el Código Penal que regirá sus vidas a partir de este próximo agosto? ¿Cuántas microempresas saben ya cómo operar bajo el esquema fiscal que acaba de entrar en vigencia? ¿Cuántos abogados, jueces y funcionarios de provincia han recibido la capacitación necesaria para aplicar, con propiedad, normativas que cambian casi al mismo ritmo en que se publican? La cuestión no es si estas leyes son necesarias; muchas, evidentemente, lo son, como la tipificación de delitos modernos o la depuración de estructuras estatales ineficientes.
Lo que motiva esta reflexión es si el ritmo de la reforma jurídica está corriendo a la par, o muy por delante, del desarrollo social, educativo e institucional de nuestra nación.
Cuando el cambio legal se distancia demasiado de la cultura ciudadana que debe sostenerlo, el riesgo no es solo el desconocimiento, sino la desconexión.
Corremos el peligro de crear leyes que existan en la teoría, mientras la cotidianidad, marcada por la informalidad económica, el rezago educativo y el debilitamiento del tejido social, termina por ignorarlas.
No se trata de juzgar las intenciones de estas reformas, sino de cuestionar si la celeridad del cambio legal se sintoniza con la realidad ciudadana.
Legislar más rápido de lo que la sociedad puede asimilar crea un Estado de derecho puramente formal.
Esta desconexión ya provoca resistencia: diversos sectores han impugnado el Código Penal y la Ley 30-26 por vulnerar derechos fundamentales, mientras que la Ley 13-26 es rechazada por suprimir las candidaturas independientes en favor del monopolio partidario.
Con los frentes fiscal, penal y electoral bajo escrutinio, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.
El de una nación que históricamente ha visto en la ley su principal vehículo de progreso, aunque la práctica haya estado marcada por profundas contradicciones.
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