El Constitucional declina competencia y reenvía el expediente, dejando en suspenso la medida cautelar.
El Tribunal Constitucional dominicano dictaminó que no le corresponde conocer el recurso contra el reglamento de la JCE que limita la publicación de encuestas electorales, y lo devolvió al Tribunal Superior Electoral. La decisión, aprobada con votos salvados, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre regulación electoral y libertades fundamentales en el país.
En una sentencia que resuelve un conflicto de competencias (TC/0852/26), el TC estableció que no puede ser apoderado mediante una declinatoria del TSE, pues la acción directa de inconstitucionalidad tiene un procedimiento exclusivo y distinto al recurso contencioso de nulidad. Así, el expediente regresa al TSE, que en junio se había declarado incompetente (Sentencia TSE/0025/2026) y lo había remitido al alto tribunal.
El fallo, aprobado por mayoría, mantiene en vilo la solicitud de medida cautelar presentada por Justicia sin Fronteras en agosto, que busca suspender el artículo décimo tercero del reglamento de la JCE, el cual restringe la difusión de sondeos electorales fuera del período de precampaña. La organización argumenta que esta norma vulnera la libertad de expresión y el pluralismo político, derechos fundamentales en una democracia.
La decisión del TC refleja una tendencia en la región latinoamericana donde los tribunales constitucionales evitan involucrarse en disputas que pueden resolverse en sedes especializadas. Sin embargo, al no pronunciarse sobre el fondo, el caso vuelve al TSE, que ahora deberá decidir si asume el conocimiento o si se genera un nuevo conflicto que eventualmente llegue a instancias internacionales.
Para la diáspora dominicana y los analistas políticos, este caso es clave porque define los límites de la regulación electoral frente a la libertad de información. La sentencia también destaca la ausencia de los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega y María del Carmen Santana de Cabrera, así como los votos salvados de Miguel Valera Montero y Alba Luisa Beard Marcos, lo que evidencia divisiones internas en el tribunal.
Mientras el TSE retoma el caso, el debate sobre la validez del reglamento de la JCE sigue abierto, con implicaciones para futuros procesos electorales en República Dominicana. La comunidad internacional y organismos de derechos humanos observarán de cerca si la medida cautelar se resuelve y si el TSE protege el derecho a la información política en el país.
