La advertencia de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana sobre Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI no es un hecho casual. Forma parte de una política de seguridad que Occidente ha consolidado y que, con el regreso de Donald Trump, se aceleró y se volvió más dura. Lo que está en juego no es solo el precio de los equipos. Es la confianza del principal socio comercial y de seguridad del país, y su capacidad de competir en un mercado que ya exige cadenas de suministro limpias.
La Unión Europea empezó primero. En 2020 lanzó la “5G Cybersecurity Toolbox”. Suecia, los bálticos, Dinamarca, Rumanía y Francia actuaron con más firmeza. Alemania fijó plazos: retirar componentes críticos de Huawei y ZTE del núcleo de las redes para finales de 2026 y de los sistemas de gestión para 2029. Desde 2025 la Comisión Europea prepara obligaciones para forzar esa retirada en redes móviles, fijas y satelitales. El Parlamento Europeo ya ordenó sacar cámaras Hikvision de sus edificios. El costo estimado del reemplazo completo en Europa ronda entre 30.000 y 40.000 millones de euros.
Trump convirtió el tema en prioridad hemisférica. El mensaje es directo: estas empresas están sujetas a la legislación china que las obliga a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín. Eso genera riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de redes. Estados Unidos insta a sus socios a cambiar a proveedores confiables. El subsecretario Juan Pablo Segura y las embajadas han repetido el llamado. En agosto de 2026 la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo reprodujo el mensaje. La Embajada de China respondió de inmediato, calificándolo de “intimidación tecnológica” y “mentalidad de Guerra Fría”, según publicó Diario Libre.
En marzo de 2026 Trump lanzó el Escudo de las Américas en una cumbre en Florida. República Dominicana figura entre los países que respaldaron la iniciativa, junto a Argentina, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y Ecuador. Aunque el foco principal es el combate al narcotráfico, el marco de seguridad hemisférica refuerza la exigencia de alinear redes de telecomunicaciones y sistemas de datos con estándares de confianza. No se puede hablar de cooperación en seguridad e intercambio de inteligencia si las redes que transportan información sensible dependen de proveedores que Washington considera de alto riesgo.
Costa Rica actuó primero. En 2023 emitió un decreto de ciberseguridad para redes 5G que exige que los proveedores provengan de países firmantes del Convenio de Budapest. China no lo ha ratificado. Huawei quedó fuera de las compras públicas del ICE. Ericsson se adjudicó la parte principal de la red y Nokia obtuvo partidas menores.
En Argentina, la embajada estadounidense advirtió a directivos de la cooperativa eléctrica CALF, en Neuquén, sobre posibles restricciones o revocación de visas si avanzaban con un proyecto de Huawei vinculado a Vaca Muerta. El mensaje se hizo público. Washington vinculó el uso de tecnología china en proyectos críticos con consecuencias personales para los ejecutivos.
El Salvador optó por contención selectiva. El gobierno de Nayib Bukele excluyó a Huawei de la red 5G de operadores como Tigo y migró la nube gubernamental hacia AWS y Oracle. Mantuvo cooperación con China en educación, pero limitó su presencia en infraestructura crítica.
En República Dominicana el efecto se siente en tres frentes. Las zonas francas y el nearshoring dependen de la confianza de compradores e inversionistas estadounidenses. Si la infraestructura digital se percibe vulnerable, aparecen más auditorías, se complican contratos y algunos clientes eligen ubicaciones con redes “limpias”. El acceso preferencial al mercado de Estados Unidos pierde valor si la red que sostiene la producción no cumple los estándares que ya se exigen en otros mercados.
Las telecomunicaciones cargan con la base instalada. Equipos chinos más baratos dan ventaja de corto plazo, pero cuando llega la presión el reemplazo se concentra y se vuelve más caro. Los operadores que se anticipen tendrán redes más seguras y mejor acceso a financiamiento. Los que se retrasen pagarán más y con menos margen.
La industria local que exporta o presta servicios digitales enfrenta el mismo dilema: mayores costos de seguros, más exigencias de cumplimiento y pérdida de competitividad frente a países que ya limpiaron sus redes.
Hasta ahora el gobierno dominicano no ha bajado una línea clara sobre el tema. La postura se mantiene tibia.
Mientras no se defina una posición precisa sobre el uso de estas tecnologías en infraestructura crítica, el país también pierde competitividad. La demora genera incertidumbre, debilita la capacidad de negociación y deja a las empresas locales y a las zonas francas expuestas a decisiones que otros países ya están tomando.
China responde con el discurso de “intimidación tecnológica”. Defiende que sus empresas cumplen las leyes locales y aportan empleo. Si República Dominicana avanza hacia restricciones en infraestructura crítica, Pekín puede enfriar la cooperación. Si no avanza, Washington puede restringir financiamiento, cooperación en seguridad y acceso a ciertos programas.
La inacción no es neutral. Multiplica el costo futuro y debilita la posición negociadora con ambos lados. Costa Rica,
El Salvador y el caso argentino muestran que los países que definen reglas claras conservan más margen. Los que esperan terminan pagando más caro y con menos opciones.
La medida contra las tecnologías chinas de alto riesgo no es una moda. Empezó en Europa, se endureció con el tiempo y se aceleró con Trump y el Escudo de las Américas. República Dominicana aún tiene tiempo de decidir. Pero ese tiempo se acorta.
Por Yelandra Sánchez Carbonell
