La medida contra incendios y depredación genera apoyo y escepticismo en la opinión pública
El presidente Luis Abinader declaró el terrorismo ambiental como delito de interés nacional mediante el decreto 6015-26, en un contexto donde la protección de los recursos naturales se ha convertido en una prioridad internacional. La iniciativa, sin embargo, enfrenta dudas sobre su cumplimiento efectivo.
El decreto 6015-26, emitido por el presidente Luis Abinader, establece que todo acto que afecte un parque nacional será considerado terrorismo ambiental, una figura jurídica que busca endurecer las sanciones contra incendios provocados y la depredación de recursos naturales. La medida se enmarca en una tendencia regional y global donde los gobiernos adoptan políticas más estrictas para enfrentar la crisis climática.
La decisión ha generado un debate público. Por un lado, muchos dominicanos la respaldan, como la estudiante Ramona Jiménez, quien afirmó: «Esa es una buena decisión, creo que merece el apoyo de todos». Por otro lado, hay voces críticas como la del vendedor de frutas Ramón Linares, que cuestionó: «Aquí no hay que emitir decreto para eso, hay una ley de medio ambiente y nadie la respeta, porque las autoridades no funcionan».
El escepticismo se basa en la debilidad institucional del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos no ha cumplido su rol de vigilancia. Este cuestionamiento cobra fuerza en un contexto donde la diáspora dominicana y organismos internacionales observan de cerca la capacidad del país para cumplir con acuerdos ambientales y proteger su biodiversidad.
La preocupación se materializó en el río Ozama, donde residentes del sector Los Cerros, en Sabana pérdida, denunciaron la tala de árboles en la orilla para construir edificaciones. Imágenes muestran cómo el río está siendo rellenado, un ejemplo de la depredación que el decreto busca combatir, pero que también evidencia la necesidad de mecanismos de aplicación efectivos.
El éxito del decreto 6015-26 dependerá de la voluntad política para fortalecer las instituciones ambientales, la participación ciudadana y la cooperación internacional. Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente sigue siendo un desafío clave para República Dominicana y la comunidad global.
