Fiscal Smaily Yamel Rodríguez comparece en audiencia pública tras ser conducida por el Pleno
El Tribunal Constitucional dominicano celebró este viernes una audiencia pública para conocer un recurso de revisión de amparo que podría sentar precedente sobre la actuación del Ministerio Público en casos de garantías económicas. La fiscal de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, compareció ante el Pleno encabezado por Napoleón R. Estévez.
La audiencia, correspondiente al expediente TC-05-2023-0240, se realizó luego de que en una ocasión anterior el tribunal ordenara la conducencia de la fiscal Rodríguez por no comparecer pese a estar debidamente citada. En esta ocasión, el Pleno escuchó las intervenciones de la fiscal y del abogado defensor, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite convocar audiencias públicas en materia de amparo cuando lo considere necesario.
El caso se remonta a la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Esta decisión acogió un amparo interpuesto por la defensa de Jeison López, condenado a diez años de prisión por robo agravado, después de que la Procuraduría Fiscal de Duarte se negara a autorizar el pago de una garantía económica de 25,000 pesos. El tribunal ordenó autorizar la fianza e impuso una multa coercitiva de 20,000 pesos diarios por incumplimiento.
El Ministerio Público recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional argumentando que ya existía una condena de diez años de prisión contra López que mantenía la medida de coerción. La Fiscalía solicitó anular la sentencia de amparo y suspender la multa coercitiva hasta que se decidiera el recurso. La defensa, por su parte, alegó vulneraciones a los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva y debido proceso.
La decisión del Tribunal Constitucional en este caso podría influir en la forma en que los fiscales dominicanos manejan las solicitudes de garantías económicas para condenados, así como en la aplicación de multas coercitivas por incumplimiento de amparos. El Pleno, presidido por Napoleón R. Estévez, evaluará los argumentos de ambas partes antes de emitir su fallo.
