Fallo judicial deslinda responsabilidades y marca un precedente sobre la gestión de espacios públicos
La justicia dominicana dictaminó que el terreno donde ocurrió la explosión del 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal estaba bajo control estatal, un fallo que reconfigura el debate sobre la responsabilidad del Estado en tragedias y la gestión de bienes públicos.
La Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal concluyó que Vidal Plast había sido desalojada del inmueble más de siete meses antes de la explosión, y que el espacio estaba en posesión del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso Parquéat_RD, donde se realizaban trabajos para un estacionamiento.
El tribunal valoró un acta notarial que certificaba el cierre de los locales para demolición y la posesión pública del terreno. La acusación del Ministerio Público sostenía que Vidal Plast mantenía bajo su control materiales y sustancias químicas, incluido un peróxido orgánico al que se atribuyó inicialmente la explosión, pero esa relación no fue probada más allá de toda duda razonable.
La documentación sitúa el desalojo de Vidal Plast el 6 de enero de 2023. La empresa demandó al Ayuntamiento por la pérdida de la posesión, pero desistió tras un acuerdo. Una carta de compromiso del 13 de enero estableció la entrega de espacios en nuevas edificaciones a los comerciantes desalojados. La defensa presentó testimonios y documentos sobre el retiro de maquinarias en marzo y el alquiler de una nave en el Parque Industrial PISAN meses antes de la tragedia.
La sentencia aclara que no se establece que las instituciones públicas, el fideicomiso o las empresas que realizaban trabajos en el área provocaran la explosión, ni que las labores de demolición o construcción fueran la causa. Lo que sí determina es que Vidal Plast había sido desalojada, que sus operaciones habían sido trasladadas y que el inmueble estaba bajo otra administración al momento del siniestro.
