La decisión del juez Seabright se suma a la batalla legal por los nombramientos sin confirmación del Senado
Un juez federal de distrito declaró ilegal la permanencia de Bill Essayli como fiscal interino en California, al considerar que el Departamento de Justicia excedió los límites legales para funcionarios no aprobados por el Congreso. El fallo, que se aplaza hasta la apelación, refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y los tribunales en la era Trump.
El juez federal de distrito J. Michael Seabright dictaminó la noche del martes que Bill Essayli ocupa de manera ilegal el cargo de fiscal interino para el Distrito Central de California, al permanecer en el puesto más allá del límite legal establecido para funcionarios que no han sido aprobados por el Congreso de EE. UU. En su decisión, Seabright inhabilitó a Essayli de supervisar varios casos penales, aunque aplazó la entrada en vigor de su orden hasta que el Departamento de Justicia (DOJ) pueda presentar una apelación.
Essayli prestó juramento como fiscal federal interino en abril del año pasado, un cargo con un límite legal de 120 días. Al cumplirse el plazo, la entonces fiscal general Pam Bondi lo nombró fiscal especial, lo que generó la demanda. El juez concluyó que el DOJ delegó facultades tan amplias que, en la práctica, Essayli ocupaba el puesto de fiscal federal (U.S. Attorney) y comparó su caso con el de Sigal Chattah, designada por el Gobierno Trump como fiscal federal en Nevada, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
En un mensaje en su cuenta de X, Essayli escribió: «Sigo siendo el primer fiscal federal adjunto y continúo al frente de la oficina. Será la Corte Suprema la que finalmente resuelva este asunto». El fiscal cobró notoriedad desde el año pasado cuando impuso cargos federales contra ciudadanos estadounidenses por supuestamente atacar a agentes de inmigración en las redadas impulsadas por la Casa Blanca en el área en junio pasado.
Además, Essayli ha supervisado la batalla legal del DOJ contra las autoridades de California en torno a la supuesta presencia de 20,000 personas que no son ciudadanas estadounidenses en los padrones electorales del estado. También ha retirado casos que involucraban a aliados de la Administración y ha respaldado demandas que impugnan políticas en California. El caso pone de relieve el pulso entre la Casa Blanca y el poder judicial, un tema de creciente interés para la diáspora dominicana y para el análisis político internacional.
