Fallo sobre Jean Alain Rodríguez marca pauta para casos de plazo razonable en RD
El rechazo a la extinción de la acción penal en el caso de Jean Alain Rodríguez establece un criterio clave: el plazo razonable no se mide solo en años, sino que exige analizar la complejidad y las dilaciones justificadas. La decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional podría influir en futuros procesos de alto perfil.
Las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Zobeida Castillo y Yissel Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, rechazaron la extinción de la acción penal solicitada por los abogados Carlos Balcácer y Nelly Rivas, defensores del exprocurador Jean Alain Rodríguez. El tribunal argumentó que, aunque el proceso ha superado los plazos legales previstos, la extinción requiere valorar las circunstancias particulares y el desarrollo completo del caso.
En su fallo, las magistradas explicaron que la determinación de una vulneración del plazo razonable no puede sustentarse únicamente en un conteo matemático del tiempo transcurrido. Reconocieron que, sin importar si se aplica la normativa de tres, cuatro o cinco años, el caso ha superado los plazos legales, acumulando cinco años, ocho meses y 17 días dentro del sistema procesal. Sin embargo, el punto central no era el tiempo, sino si ese período constituía una vulneración del plazo razonable.
El tribunal sostuvo que los precedentes constitucionales y judiciales establecen que para determinar si existe una vulneración del plazo razonable deben tomarse en cuenta factores como la complejidad, la actividad procesal de las partes, el comportamiento de las autoridades judiciales y la existencia o no de dilaciones justificadas. Concluyeron que el artículo 148 del Código Procesal Penal tiene un importante valor normativo, pero debe interpretarse conjuntamente con las circunstancias del caso.
El juzgado informó que revisó el historial completo del proceso desde su inicio y describió el expediente como un proceso caracterizado por un elevado nivel de debate y numerosas incidencias procesales. Mientras tanto, el proceso continuará su curso y la acusación del Ministerio Público deberá seguir siendo conocida conforme a las etapas establecidas por la legislación procesal penal. Esta decisión es susceptible de apelación, y la defensa del exprocurador adelantó que será recurrida ante la Corte.
