La revocación del amparo tras 25 años marca un giro en la política migratoria de EE.UU.
El Gobierno de Donald Trump no renovó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, dejando a más de 170,000 salvadoreños sin protección legal desde este miércoles, en la mayor revocación de este amparo desde su creación.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que los beneficios del TPS para El Salvador terminan el 9 de septiembre de 2026. Los salvadoreños, protegidos desde 2001 por los terremotos de ese año, pierden permisos de trabajo y enfrentan posible deportación. Ni la Casa Blanca ni el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han respondido a las peticiones de extensión.
Organizaciones proinmigrantes y congresistas han presionado sin éxito. Dulce Guzmán, presidenta de Alianza Américas, dijo a que no han recibido notificación oficial sobre plazos. El congresista Eugene Vindman presentó un proyecto para prorrogar el amparo 18 meses, argumentando que obligar a familias a regresar a condiciones peligrosas es ‘cruel y miope’.
Vanessa Cárdenas, de America’S Voice, advirtió que Trump y su asesor Stephen Miller buscan revocar el estatus legal de tantas personas como sea posible. En 2018, el DHS ya había ordenado cancelar el TPS para El Salvador, pero una orden judicial lo mantuvo tras una demanda. La Corte Suprema falló luego a favor de la autoridad presidencial para revocarlo.
La medida se suma a la finalización del TPS para Haití el 5 de agosto, que dejó sin estatus a 350,000 personas, y a la pérdida del amparo para más de 600,000 venezolanos el año pasado. Cárdenas considera que el fin del TPS para El Salvador es ‘la última ficha de dominó’ en el mayor esfuerzo de revocación de este estatus aprobado por el Congreso en 1990.
