El caso reaviva el debate sobre la regulación de plataformas de transporte en el país
Un incidente en Puerto Plata, donde un conductor de Uber exigió cinco dólares adicionales a una familia que regresaba a un crucero, pone en evidencia los desafíos de regulación y control de las plataformas digitales de transporte en República Dominicana.
El lunes 1 de junio, una persona recorrió 207 kilómetros desde Santo Domingo hasta Puerto Plata para reencontrarse con familiares que arribaron en un crucero al puerto Taíno Bay. Tras una jornada de compras y almuerzo en el Malecón, solicitaron un Uber para un trayecto de un kilómetro y tres minutos de vuelta al barco. El conductor asignado, identificado como Juan, conducía un Hyundai Sonata placa A752201.
Apenas un minuto después de solicitar el servicio, el conductor llamó para exigir cinco dólares en efectivo adicionales. La usuaria se negó a pagar fuera de la aplicación. El conductor colgó y el vehículo permaneció inmóvil durante diez minutos, mientras los familiares temían perder el crucero. En una segunda llamada, el conductor insistió en que cancelara el viaje, alegando un tapón, pero sin moverse.
La usuaria advirtió que lo reportaría y que estaba grabando la conversación. Ante la negativa, tuvo que solicitar otro conductor sin costo adicional. El segundo conductor completó el viaje sin exigir dinero extra. El caso refleja un problema recurrente: la falta de mecanismos efectivos para sancionar a conductores que intentan cobros irregulares, lo que afecta la confianza en las plataformas.
Este incidente, ocurrido en un destino turístico clave como Puerto Plata, trasciende lo local y plantea la necesidad de una regulación más estricta y de mayor supervisión por parte de las autoridades y de la propia empresa. La experiencia de los usuarios, especialmente de turistas y diáspora, impacta la imagen del país como destino seguro y confiable.
