se ha convertido en el principal foco de las denuncias sobre y violaciones de los personas privadas de libertad.
El caso más reciente revela que 13 ciudadanos pasaron más de un mes encerrados en dos destacamentos policiales sin y sin que existiera constancia de un proceso penal en su contra.
La (ONDP) logró su mediante una acción de presentada por las defensoras y Yuleidy Figuereo.
Once de los detenidos se encontraban en el y otros dos en el de , en Los Mina.
Una de la institución encontró a en ambos recintos.
Trece nunca habían sido llevadas ante una autoridad judicial, pese a permanecer detenidas durante más de 30 días.
No se informó sobre la situación procesal de las otras tres.
El no admite interpretaciones: una persona detenida debe dentro de las siguientes a su arresto o ser puesta en libertad.
En este caso, los afectados permanecieron encerrados durante un período al menos 15 veces superior al límite permitido por la.
El establece, además, que toda persona privada de libertad sin causa, sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes debe ser liberada inmediatamente.
El protege el derecho a recurrir al frente a una privación ilegal, arbitraria o irrazonable de la libertad.
La irregularidad quedó confirmada durante la.
El comunicó al tribunal que, después de revisar sus registros, no encontró solicitudes de ni actuaciones procesales relacionadas con los detenidos.
La institución acusadora no se opuso al.
El tribunal acogió la acción constitucional y ordenó la de las 13 personas.
También rechazó la solicitud de imponer una astreinte —una por incumplimiento— y compensó las costas del proceso.
La devolvió la libertad a los afectados, pero dejó abiertas preguntas que las deben responder: ¿quién ordenó mantenerlos detenidos?, ¿por cuáles hechos fueron arrestados?, ¿por qué ninguna autoridad detectó durante más de un mes que permanecían fuera del sistema judicial? y ¿qué consecuencias enfrentarán los ? La convierte el caso en algo más grave que un retraso burocrático.
Durante semanas, 13 personas permanecieron bajo sin control judicial y prácticamente invisibles para el.
El episodio no aparece aislado.
A principios de julio, la denunció que 85 personas estaban hacinadas en el de Violencia de Género de.
De ellas, 27 esperaban o diligencias procesales y otras 58 ya tenían decisiones judiciales, pero continuaban en un recinto concebido para detenciones temporales.
La ONDP calificó entonces la situación como una problemática agravada en distintos destacamentos de.
El confirmó posteriormente el , la insalubridad, las demoras en los y el riesgo de infecciones entre detenidos con heridas.
También se ha denunciado el envío de personas a prisión sin celebrar previamente las audiencias correspondientes.
La sucesión de casos coloca a como el epicentro actual de una práctica incompatible con un : y explicar después, si es que llega a ofrecerse alguna explicación.
«Ningún ciudadano puede permanecer privado de libertad sin ser sometido al control de un juez y sin que se respeten las garantías del «, afirmó el director de la ,.
La corrige la consecuencia inmediata de la arbitrariedad, pero no borra el mes que pasaron encerrados ni sustituye la obligación estatal de investigar lo ocurrido.
Sin identificación de , sanciones y , el seguirá funcionando como remedio de emergencia frente a detenciones que nunca debieron prolongarse..
