Ciudadanos denuncian extorsión y maltrato mientras el Gobierno expande su modelo de patrullaje
Mientras el Gobierno dominicano impulsa la ‘Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana’ en Villas Agrícolas, denuncias de abuso policial y corrupción empañan la iniciativa, evidenciando una tendencia nacional que requiere reformas profundas.
El programa de ‘Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana’ en Villas Agrícolas, Distrito Nacional, enfrenta críticas por presuntos maltratos de agentes policiales contra residentes, según denuncias recogidas por. Vecinos del sector denuncian que los uniformados detienen a personas sin justificación y exigen pagos ilegales para liberarlas, un patrón que preocupa a nivel nacional y que la diáspora sigue de cerca como indicador de la calidad democrática del país.
Leocadia Feliz, vendedora de frituras con más de 30 años en la calle Diagonal II, afirmó que los agentes ‘se le tiran a los muchachos que son de trabajo’ y los detienen de forma violenta. Jenniffer Almonte, moradora de la calle 34, reveló que las requisas terminan en liberaciones solo si los ciudadanos pagan sobornos, una acusación que, de confirmarse, reflejaría una tendencia de corrupción sistémica en las fuerzas del orden que afecta la credibilidad de las instituciones.
La ministra de Interior y Policía, Maride Raful, aseguró que 25 agentes patrullan la zona y que Villas Agrícolas será uno de los 20 sectores donde se implementará el Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP) antes de diciembre. Este modelo, que busca estandarizar el patrullaje, llega en un momento en que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, mientras que la delincuencia persiste: Arienny Nivar, Alexander Soto y Miriam de la Cruz, residentes desde hace más de dos décadas, denuncian que los robos continúan y que la policía no patrulla ciertas calles.
El caso de Villas Agrícolas se suma a un debate nacional sobre la reforma policial y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil y la diáspora dominicana han señalado que los abusos de autoridad socavan la confianza pública, mientras que la respuesta del Gobierno, que incluye operativos antirruido con 34 locales intervenidos por la COBA y el Departamento Antirruidos, parece enfocarse más en el orden público que en atacar las causas de la delincuencia.
La situación en Villas Agrícolas es un microcosmos de los retos que enfrenta República Dominicana en su camino hacia una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos. Mientras el país se prepara para expandir el MSPP a otras 20 comunidades, las voces de los residentes exigen que las autoridades escuchen y actúen para que el modelo no se convierta en una herramienta de represión, sino en una solución real contra el crimen.
