presentaron este lunes al y al secretario de Estado, , un informe que denuncia una «más inestable» desde 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente.
El documento, de la (VEPPEX) y la (AMAVEX), sostiene que las adoptadas desde 2025 dejaron a los venezolanos con menos protecciones, permisos de trabajo interrumpidos y más expuestos a la detención.
El reporte de las agrupaciones, ambas con sede en Miami, suma el fin del (TPS), del que dependían unos , la reducción de los permisos humanitarios (‘parole’) y el fin, desde octubre, de la de los permisos de trabajo.
Esas se refuerzan entre sí, sostiene el informe: sin no hay , ni , ni renovada, mientras el expediente sigue abierto.
El texto recoge al menos tres casos documentados por medios estadounidenses en julio y agosto de pese a tener , uno además con y asilo pendiente.
Las organizaciones no las llaman ilegales ni atribuyen una intención única a las , piden que cada custodia se decida y sea revisable.
El reporte reconoce que esa banda es «una «, pero pide que la pertenencia de una persona se pruebe una por una, sin que la nacionalidad, «la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales» sustituyan a la.
El informe también examina el acuerdo por el que aceptó recibir hasta de otros países en doce meses, un programa que, según , contempla sobre todo a , incluidos venezolanos.
El llegó el 20 de agosto a con cuyas nacionalidades Estados Unidos no divulgó, sin que conste que hubiera venezolanos.
Las peticiones se resumen en tres: de los , porque hoy no existe un conteo federal público; que una no cueste el a quien espera sus papeles, y sobre los acuerdos con los países que reciben a los expulsados.
La decretada en 2025 sigue impugnada ante la.
Unos de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellas en Florida, según el Pew Research Center..
