Entre las novedades del está el , una figura jurídica que permite sumar las condenas cuando una persona es hallada culpable de varios delitos en uno o diferentes procesos.
Sin embargo, para algunos , más que una que moderniza el en , la disposición representa un retraso para el sistema de justicia.
Además, advirtió que la norma, establecida en el del nuevo , impactaría de manera negativa en el sistema penitenciario.
A modo de ejemplo, planteó el caso de una persona de 30 años condenada a 60 años de prisión, al considerar que una sanción de esa duración podría equivaler en la práctica a una.
«Para mí es un para el en este país», precisó.
Por ello, espera que las que cursan en el contra la , que instituye el nuevo , anulen totalmente el tema del.
Algunos de estos recursos, aún permanecen pendientes de decisión.
Una posición diferente sostiene el abogado , quien considera que la inclusión del busca aumentar el temor de los frente a las consecuencias de cometer varios delitos.
«El lo que ha buscado con el es que los le tengan temor a la justicia», explicó Castro, quien recordó que la no es exclusiva del sistema dominicano, ya que existen mecanismos de acumulación de condenas en otros países, entre ellos.
No obstante, reconoce que la aplicación del representa un proceso de aprendizaje para los , quienes ahora deben de aprender y estudiar ese tipo de situación procesal y trabajar con ella.
El abogado también destacó la importancia de la , porque traerá como consecuencia que la comisión de los hechos puedan tener una connotación diferente.
Al igual que su colega Lara Valenzuela, el abogado Francisco Alejandro Morillo también advirtió que el sistema podría llegar a producir, en la práctica, situaciones similares a una cadena perpetua con la implementación del cúmulo de penas.
«Eso podría convertir una condena perpetua en el territorio dominicano», afirmó Morillo, al explicar que una persona condenada por un homicidio o asesinato y posteriormente por otro crimen podría enfrentar una permanencia prolongada en prisión.
Además, señaló que la nueva figura jurídica podría tener repercusiones psicológicas sobre las personas condenadas.
No obstante, el abogado Roberto Feliz considera que el aumento de las penas no significaría una reducción de los hechos delictivos, los cuales, a su juicio, disminuyen con sociedades más educadas.
Así también piensa la abogada Santa Isabel Guerrero González, quien entiende que el Estado debería priorizar programas de rehabilitación y reinserción social en lugar de concentrarse exclusivamente en el endurecimiento de las penas.
«En vez de rechazarlos, que le den trabajo para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad como un ente productivo», planteó.
La abogada considera que las personas que cumplen condenas deberían tener oportunidades para regenerarse, capacitarse y posteriormente regresar a la sociedad en condiciones que les permitan desarrollar una actividad productiva.
Guerrero González además calificó como la aplicación del , especialmente para los que ejercen la defensa privada.
Tras ser promulgado por el presidente , el nuevo entró en vigor el pasado lunes.
Posteriormente, las 32 modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional mediante la entraron a formar parte del , luego de ser publicadas el miércoles en la con el ..
