Justicia dominicana golpea red de narcotráfico con sentencia que incluye incineración de 246 kilos de cocaína
El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 8 años de prisión a Kelvin Agustín Mejía Herrera y José Luis Sánchez Vélez por tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas, en un fallo que también alcanzó a Elvin Daniel Lawrence Gómez con 5 años por armas y que ordena el decomiso de bienes a favor del Estado dominicano.
La sentencia, dada a conocer por la Procuraduría General de la República, establece que Mejía Herrera y Sánchez Vélez deberán cumplir la pena en el CCR Najayo Hombres y pagar una multa de 250 salarios mínimos del sector público, tras ser hallados culpables de violar las leyes 50-88, 155-17 y 631-16. El caso se remonta al 29 de junio de 2022, cuando un operativo de la DNCD y el Ministerio Público interceptó una camioneta Toyota Hilux SRT en la Autovía del Este, cerca de una estación de combustibles, con 237 paquetes de cocaína clorhidratada (246.76 kg).
El tribunal también condenó a Elvin Daniel Lawrence Gómez a cinco años de reclusión mayor y 50 salarios mínimos por portación ilegal de arma de fuego, aunque lo descargó de la imputación por tráfico internacional de sustancias controladas. Además, ordenó la incineración de la droga y el decomiso de bienes muebles e inmuebles, vehículos, armas y dinero vinculados al proceso, en aplicación de las leyes 50-88 y 155-17.
La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, con la representación en juicio de los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina y Katherin Vallejo Herrera. Este caso refleja la cooperación entre agencias nacionales para desarticular redes de narcotráfico que operan en el país y la región.
La condena se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre como ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, y envía una señal de que la justicia dominicana está aplicando sanciones severas y decomisando activos vinculados al crimen organizado. La decisión también subraya la importancia de la inteligencia financiera y la coordinación interinstitucional en la lucha contra el lavado de activos.
