Por qué endurecer penas no frena los feminicidios ni desarticula la violencia estructural
La socialización machista como raíz que el derecho penal no alcanza
En Alicia en el país de las maravillas, la Reina de Corazones inmortalizó un absurdo: «¡Que dicten la sentencia primero, el juicio después!». Fuera de la ficción de Lewis Carroll, la sociedad contemporánea parece atrapada en una contradicción similar cuando enfrenta la epidemia de violencia de género y feminicidios.
Prevalece el hechizo del populismo penal, esa creencia de que un Código Penal más severo o el aumento de las penas poseen la propiedad mágica de disuadir el crimen estructural. Es una fantasía peligrosa, pues el derecho penal es, por definición constitucional, un instrumento reactivo que siempre interviene cuando el daño ya es irreversible.
Para romper la cadena de producción de violencia, la mirada debe desplazarse desde los estrados judiciales hacia la socialización primaria. El sociólogo Pierre Bourdieu, en La dominación masculina, desentraña cómo el orden androcéntrico se infiltra en el inconsciente colectivo mediante la violencia simbólica, un constructo cultural inoculado desde la infancia.
A los niños se les impone el mandato de la virilidad hegemónica —demostrar fuerza y control— mientras se les despoja de competencias afectivas. Este adiestramiento produce generaciones de hombres inhabilitados para tramitar emociones, configurando el caldo de cultivo donde florece la violencia machista. Combatir los feminicidios exige desmontar estas estructuras de socialización antes que insistir en recetas penales que solo administran el fracaso social.
