El caso de Nayely Capellán reabre el debate nacional sobre la efectividad de las órdenes de protección.
Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, recibió 26 estocadas de su expareja en La Vega, un ataque que presenciaron sus hijas. El caso evidencia las brechas en la aplicación de la justicia y la urgencia de políticas públicas más efectivas contra la violencia machista en República Dominicana.
El ataque contra Nayely Altagracia Capellán, ocurrido en la comunidad Las Cabuyas, La Vega, se ha convertido en un símbolo de la violencia de género que persiste en República Dominicana. La joven madre de tres niñas, de 10, 7 y 4 años, sobrevivió a 26 estocadas propinadas por su expareja, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, pero su caso ha puesto en el centro del debate nacional la ineficacia de las medidas de protección existentes.
Nayely relata que solicitó una orden de protección en 2023, tras una primera separación, pero las autoridades policiales nunca la ejecutaron. «Dijeron que iban a salir a buscarlo», recuerda, mientras que el proceso quedó paralizado cuando la pareja retomó la relación. Este patrón, denunciado por organizaciones feministas, refleja una tendencia regional donde las víctimas quedan desprotegidas ante la falta de seguimiento y recursos.
El agresor, quien enfrenta 12 meses de prisión preventiva impuestos por un juez de La Vega, fue enviado al CCR Isleta Moca, en Espaillat. Mientras tanto, Nayely lucha por sanar sus heridas físicas y emocionales, y planea buscar terapia psicológica para ella y sus hijas, quienes presenciaron el ataque. «Después que yo esté más recuperada, tenemos que ir a coger terapia», afirma, destacando la necesidad de apoyo integral para las víctimas y sus familias.
El caso ha resonado en la diáspora dominicana y organismos internacionales, que instan al Estado a reforzar los mecanismos de protección y prevención. La madre de Nayely, Rosa María Capellán, describe el proceso como difícil, pero mantiene la esperanza en la recuperación de su hija. La familia, pilar clave en este proceso, exige que el caso no quede impune y que sirva para transformar el sistema de justicia en el país.
