El caso de Nayely Capellán refleja la crisis de feminicidios y la necesidad de reformas en RD
Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, sobrevivió a 26 estocadas de su expareja en La Vega, un caso que reaviva el debate nacional sobre la violencia machista y la efectividad de las medidas de protección en República Dominicana.
La historia de Nayely Altagracia Capellán, madre de tres niñas de 10, 7 y 4 años, ha conmocionado al país. Su expareja, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, la atacó con 26 estocadas frente a sus hijas en Las Cabuyas, La Vega. Hoy, desde su residencia, la joven asegura que su recuperación va ‘en franca mejoría gracias a Dios’, pero su prioridad es buscar ayuda psicológica para ella y las menores.
El caso expone las fallas del sistema de protección: Nayely había solicitado una orden de protección en 2023 tras decidir poner fin a la relación, pero según relata, las autoridades nunca la ejecutaron. ‘Dijeron que iban a salir a buscarlo’, recuerda, y el proceso quedó paralizado cuando retomaron la relación. Hace dos meses se separó nuevamente, y el desenlace fue el ataque.
Las secuelas físicas son graves: heridas en brazos, piernas, rostro, cuello, pecho y debajo de un seno. Una lesión en el brazo izquierdo le impide mover los dedos con normalidad, y requerirá seguimiento médico y nuevas evaluaciones. El trauma emocional también afecta a sus hijas, quienes presenciaron la agresión y necesitarán terapia profesional para superar el miedo.
La justicia actuó: el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 12 meses de prisión preventiva contra Caraballo Cárdenas, quien fue enviado al CCR Isleta Moca, en Espaillat. Nayely se muestra conforme, pero espera que el proceso continúe hasta establecer responsabilidades. Su madre, Rosa María Capellán, describe el sufrimiento familiar y pide que este caso sirva para prevenir nuevas tragedias.
Este suceso se enmarca en la alarmante tendencia de violencia de género en República Dominicana, que afecta también a la diáspora y requiere respuestas integrales: desde la aplicación efectiva de órdenes de protección hasta el acceso a apoyo psicológico para víctimas y sus familias. Organizaciones nacionales e internacionales han alzado la voz para exigir reformas que garanticen justicia y prevención.
