Reforma permite allanamientos domiciliarios con orden judicial; activistas advierten retroceso
El Congreso de Chile aprobó una ley que agiliza las expulsiones de inmigrantes irregulares, incluyendo la posibilidad de que la policía ingrese a domicilios con orden judicial. La medida, impulsada por el presidente José Antonio Kast, marca un giro restrictivo en la política migratoria sudamericana.
Con una votación abrumadora, el Congreso chileno aprobó el martes una reforma a la ley migratoria que permite detener en sus domicilios, previa orden judicial, a extranjeros indocumentados con orden de expulsión. El Senado respaldó la iniciativa con 37 votos a favor, mientras que la Cámara de Diputados lo hizo con 128 a favor y solo 2 en contra.
El presidente José Antonio Kast, quien asumió en marzo, había prometido durante su campaña expulsar a más de 330,000 migrantes que, según su diagnóstico, residen irregularmente en Chile. La ley busca materializar esa promesa y se suma a una tendencia regional de endurecimiento migratorio.
Lorena Zambrano, representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes en Tarapacá, frontera con Perú y Bolivia, cuestionó la efectividad de la medida: ‘Chile es prácticamente un Estados Unidos chiquito que tiene malas políticas públicas. Aquí esta política no van a funcionar porque esto no es Estados Unidos’. Zambrano, residente en Chile desde hace 27 años tras llegar desde Ecuador, sostuvo que las organizaciones sociales ‘estamos dispuestas a no retroceder, incluso si esto conlleva la expulsión de muchos de nosotros’.
La activista también advirtió sobre el impacto colateral de la ley: ‘Lamentablemente nos quedan cuatro años [del gobierno de Kast] por aguantar’, dijo, y señaló que la norma afecta no solo a indocumentados sino a todos los extranjeros y a quienes los defienden. Recordó que en 2009 ya se aplicaron medidas similares y criticó la ‘prensa amarillista’ que, a su juicio, distorsiona la información sobre la población migrante. Además, alertó que las organizaciones están ‘al borde de ser penalizadas’ por la Ley de Terrorismo y de Seguridad.
