Caso revela tensión entre desarrollo inmobiliario y protección fluvial en República Dominicana
La demolición de una villa en Juan Adrián, Monseñor Nouel, por violar la franja de protección del río Maimón, desata un debate nacional sobre el cumplimiento de la Ley 64-00 y los límites de la construcción cerca de afluentes.
El Ministerio de Medio Ambiente ejecutó esta semana la demolición de una edificación de dos niveles en Juan Adrián, Monseñor Nouel, por invadir la franja de protección del río Maimón. El propietario, Nelson Batista Ángeles, denunció que la estructura estaba a 27 metros del cauce y no a 30, como exige la ley, y que contaba con permisos para el terreno.
Medio Ambiente asegura que el expediente solo incluye un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para limpieza y nivelación, no para construir, y que la obra penetraba la zona protegida en tres de sus seis vértices. El caso refleja una tendencia nacional de construcciones ilegales en riberas de ríos, que pone en riesgo ecosistemas y comunidades.
Batista, quien invirtió más de diez millones de pesos, cuestiona la forma del operativo, la ausencia de un fiscal y alega intereses políticos. La institución, en cambio, documenta paralizaciones desde agosto de 2025 y nuevas en 2026, lo que sugiere un patrón de incumplimiento recurrente.
Este caso se suma a otros en el país que evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental y la educación sobre las leyes de protección. La diáspora dominicana, atenta a las noticias, ve en estos hechos un llamado a la transparencia y al respeto del marco legal para evitar daños irreparables a los recursos naturales.
La controversia también plantea interrogantes sobre la discrecionalidad de las autoridades y la seguridad jurídica de los inversionistas, un tema clave para el desarrollo sostenible y la imagen internacional de República Dominicana.
