De Antipulpo a Calamar Los grandes casos de corrupción administrativa continúan en distintas fases judiciales, entre apelaciones, acuerdos y temores de que algunos procesos puedan prolongarse por años.
Las negociaciones entre imputados y el Ministerio Público, junto a descargos y condenas menores, marcan el rumbo de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país durante gobierno de Luis Abinader.
Creado: 19.05.2026 | 07:05 Actualizado: 19.05.2026 | 07:05 En: Bajo la consigna de “cero tolerancia” , los gobiernos de Luis Abinader (2020-2024 y 2024-2028) se han caracterizado por el mantenimiento de una lucha férrea contra la corrupción administrativa , aunque en la práctica no se auguran éxitos de importancia, partiendo de la realidad procesal legal que les espera a los expedientes que se encuentran en curso en los tribunales.
En sus gestiones (la pasada y la que se encuentra en curso) se crearon importantes estamentos para el combate y erradicación de la corrupción, como la creación de un Ministerio Público independiente , el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República , entre otras.
Como ejemplo de tolerancia cero a la corrupción, en el primer período de gobierno de Abinader, el Ministerio Público sometió ante los tribunales el denominado caso Antipulpo , en el que figuraban como principales imputados los hermanos Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, hermanos a su vez del expresidente Danilo Medina.
Al grupo se le acusó de estafar al Estado con más de 4 mil 700 millones de pesos.
El caso fue ventilado en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que dictó sentencia condenatoria contra Alexis Medina Sánchez , sentenciado a 7 años de cárcel, tras ser encontrado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.
En tanto, el tribunal descargó a su hermana Magalys Medina Sánchez.
De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina, también fueron hallados culpables otros siete imputados , que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista.
Los demás fueron liberados de cargos, aunque la sentencia se encuentra en la fase de apelación.
Algunos imputados de importancia, como el caso de Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado de Danilo Medina, no fueron sometidos a la justicia, tras haber llegado a acuerdos con el Ministerio Público.
Con Montilla Sierra, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual él y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
La decisión llevó también a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este (EdeEste), del Sur (EdeSur) y del Norte (EdeNorte), en resarcimiento por los perjuicios provocados por sus acciones.
Otro de los que negociaron con el Ministerio Público para no ir a la cárcel fue el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán , quien acordó declararse culpable y devolver 10 millones de pesos a cambio de una sentencia benigna, que lo llevó a ser condenado a cinco años de cárcel, de los cuales tres fueron suspendidos y dos reconocidos por el tiempo que duró en arresto domiciliario.
Por igual, otros también llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, librándose de ir a la cárcel.
Nacionales Silvio Cabrera Alexis Medina Sánchez cargó con la peor parte , en vista de que recibió la condena mayor de siete años de cárcel.
Sin embargo, de ser confirmada la sentencia que se encuentra en apelación, de los siete años de cárcel solo le correspondería cumplir cuatro años y nueve meses, en razón de que se computa el tiempo que duró en la cárcel y en prisión domiciliaria.
En prisión carcelaria duró un año y nueve meses y en prisión domiciliaria un año y cuatro meses.
El expediente Medusa, en el que se acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros de estafar al Estado con más de 12 mil millones de pesos, es otro de los expedientes más emblemáticos en la historia de la justicia dominicana, puesto que es la primera vez que un máximo representante del Ministerio Público es sentado en el banquillo de los acusados.
A Rodríguez se le acusa de dirigir una red criminal desde la propia Procuraduría para desviar fondos mediante el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y otros esquemas.
El expediente cuenta con más de 12,000 páginas y, aunque Rodríguez ya no cumple prisión preventiva, el proceso judicial continúa activo.
En este caso, una gran parte de los imputados ha admitido responsabilidad tras sendos acuerdos arribados con el Ministerio Público.
Se teme que, incluso, el caso perima antes de que llegue a su final, debido al inmenso volumen del expediente.
De producirse una sentencia condenatoria, es poco lo que se espera, a juzgar por los casos pasados.
A través de este caso se desarticuló una red de corrupción en el ámbito militar y policial , específicamente en el Cuerpo de Seguridad Presidencial ( CUSEP ) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística ( CESTUR ).
Se acusa a altos oficiales, como el mayor general Adán Cáceres Silvestre, de desviar más de RD$4,500 millones mediante el abultamiento de nóminas (empleados de “nómina”) y compras irregulares.
Como en los demás casos, varios implicados decidieron no ir a juicio de fondo y negociar penas menores o suspensiones de la persecución penal a cambio de admitir hechos y devolver bienes.
En este caso, el cual se encuentra en estado de fallo, también es poco lo que se espera, tomando en cuenta el tiempo en prisión domiciliaria que duraron los principales imputados.
Nacionales Silvio Cabrera Es uno de los expedientes más grandes por el nivel político de los implicados.
Involucra a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas).
Se les acusa de una estructura que distrajo más de RD$19,000 millones del Estado a través de expropiaciones irregulares de terrenos y cobros ilícitos a bancas de lotería para financiar campañas políticas.
Este caso se encuentra en la fase de instrucción a la espera de fallo para determinar si envían o no a los imputados a juicio de fondo.
De los imputados, la mayoría ha llegado a acuerdos con el Ministerio Público y se espera que, incluso, otros ni siquiera lleguen a juicio de fondo.
Partiendo de lo que ha pasado con los casos citados en esta serie de reportajes, no se auguran éxitos de importancia en los presentes y en los demás que se encuentran en la justicia.
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