La JCE deja sin efecto norma que limitaba sondeos; el debate sobre transparencia electoral se intensifica.
La suspensión del artículo 13 del reglamento de encuestas por parte de la JCE, celebrada por ACD Media, abre un debate nacional sobre los límites a la libertad de prensa y el derecho a la información en la República Dominicana.
El presidente de ACD Media, Dany Alcántara, calificó como una victoria para la libertad de prensa y la democracia la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender provisionalmente la norma que impedía divulgar encuestas electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña. La medida, aprobada por mayoría en la sesión del 20 de agosto y certificada el 28, contó con los votos de Román Jáquez Liranzo, Dolores Fernández Sánchez y Samir Chami Isa; Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises votaron en contra.
Esta suspensión, aunque provisional, marca una tendencia hacia la protección de la libertad de expresión en el país. Alcántara expresó: «No es ocioso seguir preguntándose quién pretendía o pretende impedir que el país conozca la realidad de lo que nos pasa», y cuestionó a quién perjudica que se conozcan las preferencias políticas de los ciudadanos. El debate trasciende lo electoral: se relaciona con la transparencia gubernamental y el acceso a la información, temas que también preocupan a la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa.
La JCE no declaró ilegal ni inconstitucional la disposición, sino que la dejó sin efecto mientras las jurisdicciones correspondientes resuelven los procesos abiertos contra el reglamento. Las demás normas sobre registro de encuestadoras, metodología y requisitos de divulgación permanecen vigentes. El artículo suspendido prohibía publicar encuestas antes de julio de 2027, con miras a las elecciones de 2028, y también afectaba estudios de uso interno de partidos políticos.
La controversia surge porque la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, solo establece un límite de ocho días antes de las elecciones para divulgar encuestas. ACD Media había solicitado desde el 28 de mayo la reconsideración del reglamento y luego pidió la cancelación o suspensión de su registro. La disputa escaló en agosto, cuando la JCE abrió un procedimiento sancionador contra la firma por dos estudios divulgados el 1 de junio y el 13 de julio. Con la suspensión, esos procesos quedaron paralizados.
Alcántara confió en que la controversia no se repita: «Confiamos en que en lo adelante la Junta Central Electoral, los partidos y otros actores de la vida política del país no acuerden la violación de la ley y de la Constitución». Este caso sienta un precedente sobre la relación entre los órganos reguladores y los medios de comunicación, y subraya la necesidad de garantizar la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en la República Dominicana.
