El CEMED y el modelo español de la UME marcan el debate sobre gobernanza civil-militar
La securitización de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil (GIRDyPC) es un proceso irreversible en América Latina, y República Dominicana lo evidencia con la creación del CEMED en 2024, tras un proceso iniciado en 2018. El desafío regional es definir sus límites y fortalecer su gobernanza.
Las amenazas a la seguridad nacional han cambiado e incorporan con más frecuencia problemas de desarrollo y estabilidad social, como el manejo de emergencias, la adaptación al cambio climático y la seguridad energética. Las fuerzas armadas, gracias a sus capacidades logísticas, se consideran una herramienta eficaz para enfrentarlas, y en República Dominicana, al igual que en casi todos los países de América Latina, el empleo de medios militares para socorrer a la población ante eventos adversos es una costumbre, y en algunas naciones un mandato constitucional.
Esta práctica se ha convertido en una cultura institucional arraigada, lo que genera preocupaciones en ambas direcciones. Las instituciones civiles temen que la securitización de agendas sociales genere una expansión indebida de las funciones militares, mientras que las Fuerzas Armadas debaten si la incorporación doctrinal de estas misiones podría afectar su capacidad para cumplir con su función principal de defensa. Los recelos civiles se centran en que el control de estos recursos militares debe estar bajo mando civil, en tanto las instituciones militares continúan apoyando con los medios que tienen, sin invertir en el proceso de profesionalización y equipamiento especializado que se requiere, por entender que sus recursos económicos deben estar orientados al empleo bélico.
Otra traba en la securitización de la GIRDyPC es la asignación de recursos para mitigar emergencias. Mientras las autoridades civiles aceptan el apoyo militar sin tener que asistir a los institutos castrenses desde los fondos de emergencias, las instituciones militares consideran que su asignación presupuestaria no contempla las operaciones de socorro y asistencia humanitaria, y que el Estado debe asignarle los fondos al momento de su despliegue o empleo.
Ante esta disyuntiva, el modelo español de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para operaciones de socorro y asistencia humanitaria parece ser una solución viable, aunque su inicio fue traumático. El Teniente General Fulgencio Coll, primer general de la UME, afirmó: “Inicialmente, como ocurre siempre con algo nuevo, hubo ciertas reacciones, sobre todo en tema presupuestarios. En el Ministerio de Defensa no hubo problemas, pero sí en otros cuarteles generales que temían perder recursos. También hubo cierta desconfianza en el mundo de la protección civil, que pensaba que los militares podían invadir sus competencias”. A más de dos décadas de su creación, aún persisten ciertas reservas en ambos ámbitos. Ese parece ser el camino por recorrer en América Latina y para una securitización viable de la GIRDyPC. La República Dominicana ha dado un paso al frente y desde 2018 inició el proceso que culminó en 2024 con la creación del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), el grupo de oficiales y soldados de…
