Por Alcedo Margarín
Cada día, en la República Dominicana, un niño, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad puede convertirse en víctima de violencia precisamente en el lugar donde debería sentirse más seguro: su propio hogar.
Frente a esa realidad, el mayor desafío no consiste únicamente en castigar a los responsables cuando el daño ya está consumado, sino en construir una cultura de paz que prevenga la violencia antes de que ocurra, fortaleciendo el respeto por la dignidad humana desde la familia, la escuela y las instituciones del Estado.
Durante mi formación doctoral tengo la oportunidad de profundizar en el estudio de los derechos humanos aplicados a la mediación de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Esta experiencia académica no solo amplió mis conocimientos jurídicos, sino que fortaleció una convicción que durante más de veintidós años había construido desde el ejercicio profesional como representante del Ministerio Público: la verdadera justicia no consiste únicamente en aplicar la ley, sino también en proteger la dignidad humana y promover soluciones que contribuyan a reconstruir el tejido familiar y social.
Nunca olvidaré el rostro de una señora de más de ochenta años que llegó al Ministerio Público acompañada por un vecino, luego de haber sido víctima de agresiones y despojada de parte de su patrimonio por miembros de su propia familia.
Tampoco olvido a niños y adolescentes que encontraban en una oficina del ministerio público el único espacio donde alguien escuchaba su historia, ni a personas con discapacidad sometidas al abandono, la exclusión o el maltrato.
Detrás de cada expediente existía mucho más que un conflicto jurídico: había familias fracturadas, sufrimiento humano y un profundo llamado a la responsabilidad colectiva.
Estas experiencias me enseñaron que la persecución penal, aunque indispensable cuando se cometen delitos, no siempre resulta suficiente para resolver las causas profundas de los conflictos familiares.
En numerosas ocasiones es necesario incorporar la mediación, el acompañamiento psicológico, el trabajo social y la intervención de equipos multidisciplinarios capaces de atender integralmente la dimensión humana de cada caso.
La mediación, correctamente aplicada y respetando siempre los límites que establece la ley, constituye una herramienta poderosa para fortalecer la comunicación, prevenir nuevas situaciones de violencia y promover acuerdos que restituyan derechos sin poner en riesgo la protección de las víctimas.
Su verdadero valor radica en colocar a la persona en el centro de la intervención y procurar, siempre que las circunstancias lo permitan, la reconstrucción de los vínculos familiares y comunitarios.
Esta visión encuentra respaldo en importantes instrumentos internacionales y nacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Constitución de la República Dominicana y leyes como la núm.
136-03 y la núm.
352-98.
Todos estos instrumentos recuerdan que la protección de las personas en condición de vulnerabilidad constituye una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado.
Sin embargo, las leyes, por sí solas, no transforman las realidades.
Es indispensable construir una cultura sustentada en el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad.
La educación en derechos humanos debe comenzar en el hogar, fortalecerse en las escuelas y consolidarse mediante instituciones comprometidas con el servicio público y la protección efectiva de quienes más lo necesitan.
Hoy, cuando nuestra sociedad enfrenta desafíos asociados a la violencia intrafamiliar, el envejecimiento poblacional y la creciente necesidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, resulta oportuno reflexionar sobre el papel de la mediación como instrumento para prevenir conflictos, fortalecer la convivencia y consolidar una auténtica cultura de paz.
Nuestro mayor desafío no consiste únicamente en perfeccionar las leyes, sino en transformar actitudes, fortalecer valores y promover una convivencia basada en el respeto a la dignidad humana.
Una sociedad verdaderamente democrática no se distingue solo por la fortaleza de sus instituciones, sino por la sensibilidad con la que protege a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
No obstante, también debemos reconocer que la plena vigencia de los derechos humanos no depende exclusivamente de constituciones, tratados internacionales o leyes bien redactadas.
La dignidad humana exige condiciones materiales mínimas que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida.
Cuando amplios sectores de la población carecen de acceso a una alimentación adecuada, educación de calidad, vivienda digna, empleo y oportunidades reales de desarrollo, el discurso jurídico corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida.
El gran desafío para la República Dominicana y para América Latina consiste, precisamente, en armonizar el Estado de Derecho con la justicia social, de manera que los derechos dejen de ser aspiraciones escritas y se conviertan en realidades palpables para todos los ciudadanos.
La verdadera fortaleza de una nación no se mide por el número de leyes que aprueba ni por la severidad de sus sanciones, sino por la capacidad de proteger a quienes menos pueden defenderse.
Allí donde un niño, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad viven con dignidad, también vive la democracia.
Allí donde sus derechos son ignorados, todos perdemos una parte de nuestra humanidad.
Porque, en definitiva, la grandeza de un Estado no se refleja únicamente en sus instituciones, sino en la forma en que garantiza que la justicia, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana lleguen, sin excepción, hasta el último de sus ciudadanos.
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