Análisis advierte que las ejecuciones extrajudiciales no frenan la criminalidad y violan la Constitución
Un análisis crítico cuestiona la estrategia de seguridad basada en ejecuciones extrajudiciales bajo el ‘código 29’, señalando que entre 27 y 34 supuestos delincuentes murieron a manos de la Policía en septiembre. La práctica, lejos de reducir la criminalidad, agrava la inseguridad y desconoce el mandato constitucional de preservar la vida.
La tesis de que la delincuencia se combate con la ejecución de delincuentes, resumida en ‘muerto el perro, muerta la rabia’, se estaría imponiendo como verdad sabida y buena fe guardada, según una reflexión crítica. Esta visión, señala, conduce a una guerra de nunca acabar, pues la sociedad malvive sobre una irrespirable maleza de injusticia en la que la criminalidad crece como el arbusto venenoso del Coyotillo.
En los enfrentamientos a tiros entre civiles y autoridades, es inadmisible que desde el Estado se pretenda legalizar las ejecuciones con la justificación de ‘intercambios de disparos’. La Constitución ordena respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, salvo en caso de inminente peligro para la integridad física de la autoridad, sin que ello justifique el ‘código 29’ ni siquiera contra el más despreciable de los delincuentes.
En lo que va de septiembre, se atribuye a la Policía la muerte de entre 27 y 34 supuestos o reales delincuentes. Aunque en algunos casos los agentes repelieron agresiones, en la mayoría hubo posibilidad de apresar a los perseguidos y remitir sus casos al sistema de justicia. La Policía considera que debe enviar a través del fatídico ‘código 29’ un contundente mensaje de que aplicará ejecuciones extrajudiciales contra individuos catalogados como ‘peligrosos delincuentes’.
El niño que nace hoy en una favela o barrio popular tendría amplias posibilidades de morir en un intercambio de disparos antes de cumplir los 20 años, no por tener el ADN de la delincuencia, sino porque la sociedad le niega el derecho a forjarse como ciudadano. En vez de plomo como recetario cotidiano, se propone combatir la criminalidad con remedios preventivos: educación, salud, vivienda, capacitación, empleo formal, deportes, cultura, recreación y un Ministerio Público y Sistema Judicial preventivo, eficiente y libre de prejuicios.
La mayoría de los dominicanos son presas del miedo por el auge de la delincuencia y la criminalidad, incluida la corrupción y el cohecho, pero ese flagelo no se frena con oleajes de ejecuciones extrajudiciales. Como para eliminar el cogotillo se requiere abonar la tierra para que en lugar de plantas venenosas la sociedad cultive los mejores frutos ciudadanos, el debate sobre la seguridad ciudadana exige un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.
